El diablo mete la cola. Así bromeó el ministro de Hacienda Mario Marcel en el Congreso, cuando se dieron cuenta que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, estaba exponiendo un documento erróneo. Todo ocurrió durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, antes las comisiones de Hacienda de la Cámara del Senado y Diputados. En ese instante, Martínez daba cuanta de algunas cifras que eran exhibidas en en proyector, pero la senadora Ximena Rincón le advirtió que esos números no correspondían a los que aparecían en los documentos que recibió cada uno de los presentes. Directora, tenemos un problema, la (presentación) que usted mandó a la Comisión, no es igual a la que estamos proyectando (en pantalla), dijo ante la mirada incómoda de la directora.No coincide, es muy difícil entender. Tenemos un problema, agregaba el senador Juan Antonio Coloma (UDI), mientras Mario Marcel miraba en silencio. Tras unos segundos, la directora concluyó quecomo llegó atrasada a la tablet (la edición actualizada), puede que haya sido una versión anterior, explicó. Finalmente, resolvieron enviar nuevamente el documento, pero ahora con las cifras correctas. El ministro de Hacienda, en tanto, pidió disculpas ante el impasse, pero bajándole el perfil al incómodo momento que pasó Martínez. “Quiero pedir disculpas por los problemas que ha habido en la presentación. Se van actualizando versiones y desgraciadamente a veces el diablo mete la cola. Lo importante es que los datos son los que están en el informe propiamente tal”, cerró. La situación fue viralizada en redes sociales, donde lamentaron el “despelote” en la importante presentación. “Hoy en el senado en la exposición del informe de finanzas públicas, enredo en cifras entregadas por la directora de Presupuestos Javiera Martínez; un despelote”, fue uno de los comentarios de los cibernautas. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que tiene 23 artículos permanentes y una disposición transitoria relativa a las reglas para el uso de la fuerza de militares y las fuerzas de orden y seguridad pública, quedó en condiciones de ser votado por la sala del Senado. La iniciativa legal que se encuentra en segundo trámite legislativo, establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, las cuales fueron analizadas en particular por las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, despachando el proyecto a la sala del Senado. En el detalle, se busca “normar el uso de la fuerza del personal de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior”, afirmaron desde el Senado. Los senadores de las comisiones, en tanto, coincidieron “en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza que hoy se encuentran contenidas en cuerpos normativos de categoría inferior , se indicó en un comunicado. Asimismo, estiman “que al recoger en la ley <<fuerte>>las reglas </ de uso <<fuerte>>de<<fuerte>> <<fuerte>>la<<fuerte>> <<fuerte>>fuerza<<fuerte>>, hará posible que los tribunales las consideren <<fuertesen los casos que conozcan,</ << fuertenrango infralegal,< no siempre son tenidas << fuenteencuenta. Los parlamentarios constataron que los grados << fuertede resistencia o agresión se corresponden con las etapas << fuertede uso sin que se trate de una escala lineal o ascendente. PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
Un nuevo debate sobre la indemnización por despido se ha reavivado en el Congreso . A inicios de marzo, un grupo de diputados del oficialismo presentó una propuesta para modificar el Código del Trabajo, con el objetivo de eliminar el tope actual en el cálculo de la indemnización por años de servicio. Esta iniciativa busca que los trabajadores puedan recibir una compensación por todos los años que han trabajado, sin las limitaciones impuestas por la ley vigente. Actualmente, la legislación chilena establece que los trabajadores despedidos por necesidades de la empresa solo pueden recibir una indemnización equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, con un máximo de 11 años de servicio. Esto significa que, en el mejor de los casos, un trabajador puede recibir hasta 11 sueldos, independientemente de si ha trabajado durante un período más largo. La moción presentada por los diputados tiene como propósito fundamental eliminar este límite y, por lo tanto, garantizar que la indemnización refleje de manera más justa los años de servicio del trabajador. Uno de los principales promotores de este proyecto es el diputado Tomás Hirsch, del Partido Acción Humanista. En sus declaraciones, “Durante décadas hemos considerado que es un derecho que se debe restablecer, por eso impulsamos este proyecto de ley. Creemos que es fundamental que los trabajadores sepan que tiene ese derecho garantizado”. Hirsch enfatizó la importancia de restablecer los derechos laborales que han sido restringidos en el pasado, argumentando que es fundamental para la dignidad de los trabajadores. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también se refirió al tema, indicando que “es un tema que se ha presentado como moción hace bastante tiempo. Creemos que no es bueno vetar ningún debate”. Perspectivas en el Congreso a pesar del apoyo que ha recibido la iniciativa, no todos ven con buenos ojos la propuesta. Desde sectores de la derecha, se han expresado preocupaciones sobre cómo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, manifestó que “para una pequeña empresa, efectivamente desvincular a un trabajador que llevaba mucho tiempo, podía terminar llevándola a la quiebra”. Flores agregó que el establecimiento de un tope en las indemnizaciones fue una medida necesaria en su momento, y regresar a una situación donde no exista este límite podría tener consecuencias graves para la estabilidad de las empresas. La iniciativa se encuentra en una etapa inicial, pero podría avanzar en el Congreso en los próximos meses. Fuente: Publimetro
En relación al reciente caso de extorsión ocurrido en el Ministerio del Interior, los parlamentarios Karen Medina y Roberto Arroyo , expresaron su preocupación y solicitaron acciones urgentes por parte del gobierno para prevenir estos hechos que atentan contra la integridad y seguridad de los funcionarios públicos. Es preciso recordar que este no es el primer caso de este tipo en esta repartición, siendo el Caso Monsalve un triste antecedente que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores del Ministerio del Interior. Al respecto, Medina señaló que “ es inaceptable que se repitan situaciones de acoso, maltrato y extorsión en un entorno que debería velar por la seguridad y el bienestar de sus propios trabajadores. Exigimos al gobierno que tome medidas concretas y efectivas para garantizar la integridad de los funcionarios públicos, investigar a fondo este caso de extorsión y prevenir la recurrencia de situaciones similares en el futuro. Los trabajadores del Estado merecen un ambiente laboral seguro y libre de violencia, y es responsabilidad de las autoridades velar por su bienestar y protección”. “Es alarmante que en una repartición encargada de la seguridad pública y el combate al delito se hayan registrado actos de extorsión y acoso hacia sus propios trabajadores. Esto demuestra una falta de cuidado por parte del gobierno hacia quienes se desempeñan en el servicio público, y evidencia la necesidad imperante de implementar medidas efectivas para proteger a los funcionarios”, recalcó el diputado Arroyo. La seguridad y dignidad de los funcionarios públicos no pueden seguir siendo vulneradas impunemente. Es hora de actuar con firmeza y determinación para erradicar el acoso, la extorsión y cualquier forma de violencia en las reparticiones del Estado, cerraron los legisladores. Fuente: Publimetro
El exdiputado Joaquín Lavín León devolvió recientemente más de $7 millones al Congreso, en un intento por mitigar las acusaciones en su contra por la rendición de facturas falsas. Sin embargo, esta acción no pone fin a la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cual lo mantiene en calidad de imputado por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y emisión de documentos falsos. El reintegro de fondos, realizado en la más estricta reserva hace algunas semanas, fue confirmado por funcionarios de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados, según confirmó El Mostrador . Según fuentes cercanas al caso, este pago representa un reconocimiento tácito del ilícito, pese a que el propio Lavín Jr. ha insistido en su inocencia. Desde que estalló el caso, el exparlamentario ha mantenido un discurso firme en defensa de su inocencia. “Aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida”, aseguró en octubre del año pasado, día en que su domicilio y oficina fueron allanados por la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, su reciente decisión de devolver parte del dinero podría interpretarse como un giro en su estrategia de defensa. La investigación en su contra comenzó a raíz de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, actualmente en prisión preventiva. Según la Fiscalía, Lavín Jr. ejercía una influencia significativa en la administración municipal y habría utilizado facturas falsas para justificar pagos por trabajos inexistentes en el Congreso. El rol de su padre, Joaquín Lavín Además de la presión judicial, Lavín Jr. enfrenta un complicado escenario financiero. A reportaje Chilevisión reveló que el parlamentario mantiene 600 millones . Aunque él mismo reconoció su situación económica desestimando ese monto tan elevado. En este contexto, s u padre facilito los fondos para restituirlo al congreso además siendo uno d ela principales voces apoyo nuera cathy barriga. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDADEl exdiputadJoqun Lavn Len devolvi recientemente ms d$7millonesalCongreso,enunintentopormitigarlasacusacionesensuacontra porelarendicindefacturasfalsas.Sinembargoestaaccinnoponefina lainvestigacinque lideralaFiscalametropolitanaOriente,lacual lomantieneencalidaddeimputadoporlosdelitosdefraudealfisco,lavadodeactivosemisindocumentosfalsospUBLICIDADElreintegrodefondorealizadoenlamsestrictareservahacealgunassemanas,fueconfirmadoporfuncionariosdelacorporacindelaCmaradeDiputasyDiputos,sconfirma Fuente: Publimetro
El diablo mete la cola. Así bromeó el ministro de Hacienda Mario Marcel en el Congreso, cuando se dieron cuenta que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, estaba exponiendo un documento erróneo. Todo ocurrió durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, antes las comisiones de Hacienda de la Cámara del Senado y Diputados. En ese instante, Martínez daba cuanta de algunas cifras que eran exhibidas en en proyector, pero la senadora Ximena Rincón le advirtió que esos números no correspondían a los que aparecían en los documentos que recibió cada uno de los presentes. Directora, tenemos un problema, la (presentación) que usted mandó a la Comisión, no es igual a la que estamos proyectando (en pantalla), dijo ante la mirada incómoda de la directora.No coincide, es muy difícil entender. Tenemos un problema, agregaba el senador Juan Antonio Coloma (UDI), mientras Mario Marcel miraba en silencio. Tras unos segundos, la directora concluyó quecomo llegó atrasada a la tablet (la edición actualizada), puede que haya sido una versión anterior, explicó. Finalmente, resolvieron enviar nuevamente el documento, pero ahora con las cifras correctas. El ministro de Hacienda, en tanto, pidió disculpas ante el impasse, pero bajándole el perfil al incómodo momento que pasó Martínez. “Quiero pedir disculpas por los problemas que ha habido en la presentación. Se van actualizando versiones y desgraciadamente a veces el diablo mete la cola. Lo importante es que los datos son los que están en el informe propiamente tal”, cerró. La situación fue viralizada en redes sociales, donde lamentaron el “despelote” en la importante presentación. “Hoy en el senado en la exposición del informe de finanzas públicas, enredo en cifras entregadas por la directora de Presupuestos Javiera Martínez; un despelote”, fue uno de los comentarios de los cibernautas. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley que tiene 23 artículos permanentes y una disposición transitoria relativa a las reglas para el uso de la fuerza de militares y las fuerzas de orden y seguridad pública, quedó en condiciones de ser votado por la sala del Senado. La iniciativa legal que se encuentra en segundo trámite legislativo, establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, las cuales fueron analizadas en particular por las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, despachando el proyecto a la sala del Senado. En el detalle, se busca “normar el uso de la fuerza del personal de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior”, afirmaron desde el Senado. Los senadores de las comisiones, en tanto, coincidieron “en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza que hoy se encuentran contenidas en cuerpos normativos de categoría inferior , se indicó en un comunicado. Asimismo, estiman “que al recoger en la ley <<fuerte>>las reglas </ de uso <<fuerte>>de<<fuerte>> <<fuerte>>la<<fuerte>> <<fuerte>>fuerza<<fuerte>>, hará posible que los tribunales las consideren <<fuertesen los casos que conozcan,</ << fuertenrango infralegal,< no siempre son tenidas << fuenteencuenta. Los parlamentarios constataron que los grados << fuertede resistencia o agresión se corresponden con las etapas << fuertede uso sin que se trate de una escala lineal o ascendente. PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
Un nuevo debate sobre la indemnización por despido se ha reavivado en el Congreso . A inicios de marzo, un grupo de diputados del oficialismo presentó una propuesta para modificar el Código del Trabajo, con el objetivo de eliminar el tope actual en el cálculo de la indemnización por años de servicio. Esta iniciativa busca que los trabajadores puedan recibir una compensación por todos los años que han trabajado, sin las limitaciones impuestas por la ley vigente. Actualmente, la legislación chilena establece que los trabajadores despedidos por necesidades de la empresa solo pueden recibir una indemnización equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad, con un máximo de 11 años de servicio. Esto significa que, en el mejor de los casos, un trabajador puede recibir hasta 11 sueldos, independientemente de si ha trabajado durante un período más largo. La moción presentada por los diputados tiene como propósito fundamental eliminar este límite y, por lo tanto, garantizar que la indemnización refleje de manera más justa los años de servicio del trabajador. Uno de los principales promotores de este proyecto es el diputado Tomás Hirsch, del Partido Acción Humanista. En sus declaraciones, “Durante décadas hemos considerado que es un derecho que se debe restablecer, por eso impulsamos este proyecto de ley. Creemos que es fundamental que los trabajadores sepan que tiene ese derecho garantizado”. Hirsch enfatizó la importancia de restablecer los derechos laborales que han sido restringidos en el pasado, argumentando que es fundamental para la dignidad de los trabajadores. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también se refirió al tema, indicando que “es un tema que se ha presentado como moción hace bastante tiempo. Creemos que no es bueno vetar ningún debate”. Perspectivas en el Congreso a pesar del apoyo que ha recibido la iniciativa, no todos ven con buenos ojos la propuesta. Desde sectores de la derecha, se han expresado preocupaciones sobre cómo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, manifestó que “para una pequeña empresa, efectivamente desvincular a un trabajador que llevaba mucho tiempo, podía terminar llevándola a la quiebra”. Flores agregó que el establecimiento de un tope en las indemnizaciones fue una medida necesaria en su momento, y regresar a una situación donde no exista este límite podría tener consecuencias graves para la estabilidad de las empresas. La iniciativa se encuentra en una etapa inicial, pero podría avanzar en el Congreso en los próximos meses. Fuente: Publimetro
En relación al reciente caso de extorsión ocurrido en el Ministerio del Interior, los parlamentarios Karen Medina y Roberto Arroyo , expresaron su preocupación y solicitaron acciones urgentes por parte del gobierno para prevenir estos hechos que atentan contra la integridad y seguridad de los funcionarios públicos. Es preciso recordar que este no es el primer caso de este tipo en esta repartición, siendo el Caso Monsalve un triste antecedente que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores del Ministerio del Interior. Al respecto, Medina señaló que “ es inaceptable que se repitan situaciones de acoso, maltrato y extorsión en un entorno que debería velar por la seguridad y el bienestar de sus propios trabajadores. Exigimos al gobierno que tome medidas concretas y efectivas para garantizar la integridad de los funcionarios públicos, investigar a fondo este caso de extorsión y prevenir la recurrencia de situaciones similares en el futuro. Los trabajadores del Estado merecen un ambiente laboral seguro y libre de violencia, y es responsabilidad de las autoridades velar por su bienestar y protección”. “Es alarmante que en una repartición encargada de la seguridad pública y el combate al delito se hayan registrado actos de extorsión y acoso hacia sus propios trabajadores. Esto demuestra una falta de cuidado por parte del gobierno hacia quienes se desempeñan en el servicio público, y evidencia la necesidad imperante de implementar medidas efectivas para proteger a los funcionarios”, recalcó el diputado Arroyo. La seguridad y dignidad de los funcionarios públicos no pueden seguir siendo vulneradas impunemente. Es hora de actuar con firmeza y determinación para erradicar el acoso, la extorsión y cualquier forma de violencia en las reparticiones del Estado, cerraron los legisladores. Fuente: Publimetro
El exdiputado Joaquín Lavín León devolvió recientemente más de $7 millones al Congreso, en un intento por mitigar las acusaciones en su contra por la rendición de facturas falsas. Sin embargo, esta acción no pone fin a la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cual lo mantiene en calidad de imputado por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y emisión de documentos falsos. El reintegro de fondos, realizado en la más estricta reserva hace algunas semanas, fue confirmado por funcionarios de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados, según confirmó El Mostrador . Según fuentes cercanas al caso, este pago representa un reconocimiento tácito del ilícito, pese a que el propio Lavín Jr. ha insistido en su inocencia. Desde que estalló el caso, el exparlamentario ha mantenido un discurso firme en defensa de su inocencia. “Aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida”, aseguró en octubre del año pasado, día en que su domicilio y oficina fueron allanados por la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, su reciente decisión de devolver parte del dinero podría interpretarse como un giro en su estrategia de defensa. La investigación en su contra comenzó a raíz de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, actualmente en prisión preventiva. Según la Fiscalía, Lavín Jr. ejercía una influencia significativa en la administración municipal y habría utilizado facturas falsas para justificar pagos por trabajos inexistentes en el Congreso. El rol de su padre, Joaquín Lavín Además de la presión judicial, Lavín Jr. enfrenta un complicado escenario financiero. A reportaje Chilevisión reveló que el parlamentario mantiene 600 millones . Aunque él mismo reconoció su situación económica desestimando ese monto tan elevado. En este contexto, s u padre facilito los fondos para restituirlo al congreso además siendo uno d ela principales voces apoyo nuera cathy barriga. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDADEl exdiputadJoqun Lavn Len devolvi recientemente ms d$7millonesalCongreso,enunintentopormitigarlasacusacionesensuacontra porelarendicindefacturasfalsas.Sinembargoestaaccinnoponefina lainvestigacinque lideralaFiscalametropolitanaOriente,lacual lomantieneencalidaddeimputadoporlosdelitosdefraudealfisco,lavadodeactivosemisindocumentosfalsospUBLICIDADElreintegrodefondorealizadoenlamsestrictareservahacealgunassemanas,fueconfirmadoporfuncionariosdelacorporacindelaCmaradeDiputasyDiputos,sconfirma Fuente: Publimetro
