La Fiscalía Nacional presentó hoy los hallazgos de un informe realizado por su División de Contraloría Interna, que identificó a 42 funcionarios que realizaron viajes al extranjero mientras estaban de licencia médica. Esta información se obtuvo tras un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones de Chile y los antecedentes laborales del Ministerio Público. El objetivo de esta investigación era identificar posibles infracciones a los principios de probidad y deberes funcionarios. Gracias a este trabajo, se identificaron 42 casos de empleados del Ministerio Público que salieron del país mientras tenían licencias médicas activas. De estos casos, 10 corresponden a fiscales y 32 a otros trabajadores como administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares. No se encontraron situaciones similares entre los funcionarios directamente dependientes de la Fiscalía Nacional que estén en funciones en la actualidad. Los empleados detectados se distribuyen en 11 regiones del país. Los resultados del informe fueron enviados a cada Fiscalía Regional para que revisen los casos bajo su jurisdicción y tomen las medidas administrativas necesarias, que podrían incluir solicitar informes, abrir sumarios u otras acciones de verificación. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “ opiniones personales o consideraciones de orden político ”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte Suprema al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de civiles y militares , donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestionó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes y funciones que forman parte del cuerpo policial o la analogía entre una diligencia y un período histórico y social, respectivamente, y no se ajusta al ejercicio judicial ya establecido en nuestro país. La potestad ejercida por todo tribunal nacional no contempla tal prerrogativa. En su solicitud, añadió a “¡”, “¿pide¡¿, ¡que se revoque!, ¿y declare legalidad!, tanto para todas las resoluciones judiciales impugnadas como para todas aquellas diligencias y decisiones derivadas directamente relacionadas con ellas. En cuanto al amparo solicitado. Igualmente, y si no se aceptara esta petición, solicitó a este mismo tribunal superior invalidar cualquier referencia dentro del veredicto conteniendo opiniones personales o consideraciones políticas Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelará a la resolución ante la Corte Suprema. La información fue dada a conocer por el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde una reunión con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. El fiscal Castro señaló que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de información y evidencia lo más expeditamente posible”. En relación al fallo que acogió el recurso presentado por Josefina Huneeus contra las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía y autorizadas por Sissi Bertoglio-Talap, magistrada del Tribunal Garantía, Castro indicó que han decidido recurrir ante la Corte Suprema. El fallo estableció que “no solo se ha infringido obligaciones legales sino que se han validado actuaciones policiales propias tiempos pretéritos”. Tras esta decisión, se removió al fiscal Cooper del caso para asegurar su continuidad y objetividad en las diligencias en curso. En entrevista con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó dicho fallo sosteniendo que “más allá contundente contiene un conjunto afirmaciones graves”. Fuente: Publimetro
El caso del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en la comuna de Independencia escaló la crisis diplomática entre Venezuela y Chile, con las graves acusaciones que salpican al número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Pero aún más, de comprobarse las sospechas de la Fiscalía Nacional, se revela la enorme organización criminal que, comandada desde Caracas, extiende su amenaza por varios países donde los presos políticos y disidentes han debido refugiarse huyendo de la dictadura. Mientras que la justicia chilena pone el ojo en Diosdado Cabello y sus nexos con la red delictiva “Los Piratas de Aragua”, sale a la luz otro nombre, el Alexander Granko Arteaga quien ha sido tildado como “el carnicero de Maduro”. El coronel activo y actual jefe de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la DGCIM fue precisamente condecorado por el chavismo, pese al rechazo de la oposición venezolana que ha denunciado su participación en la tortura, tratos crueles y violación de Derechos Humanos de detenidos políticos en Venezuela. Se trata de Alexander Granko Arteaga, conocido como el “carnicero de Maduro”, quien aparentemente estuvo en Chile para encabezar el asesinato del disidente. Para fortalecer dicha hipótesis, los peritos esperan el análisis de pruebas clave”, expresó Tamara Suju, abogada defensora de DDHH y asesora acuerdo Casla/OEA para Crímenes de Lesa Humanidad. De acuerdo con la activista ahora en el exilio, “Las indagatorias señalan que Granko habría sido el hombre armado que sometió al exteniente venezolano, lo subió a un vehículo y facilitó su posterior asesinato”. Alexander Granko Arteaga nació un 25 de marzo de 1981. En Wikipedia se destacan algunos datos sobre sus inicios como oficial militar desde ingreso en la Academia Militar hasta su egreso como licenciado en ciencias y artes militares. Fue parte importante durante tres años formando parte del tercer anillo seguridad. A petición propia fue oficial seguridad hijas exmandatario Hugo Chávez. Granko dirigió operación resultando muerto piloto Óscar Pérez junto otras seis personas tildada masacre El Junquito. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional presentó hoy los hallazgos de un informe realizado por su División de Contraloría Interna, que identificó a 42 funcionarios que realizaron viajes al extranjero mientras estaban de licencia médica. Esta información se obtuvo tras un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones de Chile y los antecedentes laborales del Ministerio Público. El objetivo de esta investigación era identificar posibles infracciones a los principios de probidad y deberes funcionarios. Gracias a este trabajo, se identificaron 42 casos de empleados del Ministerio Público que salieron del país mientras tenían licencias médicas activas. De estos casos, 10 corresponden a fiscales y 32 a otros trabajadores como administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares. No se encontraron situaciones similares entre los funcionarios directamente dependientes de la Fiscalía Nacional que estén en funciones en la actualidad. Los empleados detectados se distribuyen en 11 regiones del país. Los resultados del informe fueron enviados a cada Fiscalía Regional para que revisen los casos bajo su jurisdicción y tomen las medidas administrativas necesarias, que podrían incluir solicitar informes, abrir sumarios u otras acciones de verificación. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “ opiniones personales o consideraciones de orden político ”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte Suprema al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de civiles y militares , donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestionó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes y funciones que forman parte del cuerpo policial o la analogía entre una diligencia y un período histórico y social, respectivamente, y no se ajusta al ejercicio judicial ya establecido en nuestro país. La potestad ejercida por todo tribunal nacional no contempla tal prerrogativa. En su solicitud, añadió a “¡”, “¿pide¡¿, ¡que se revoque!, ¿y declare legalidad!, tanto para todas las resoluciones judiciales impugnadas como para todas aquellas diligencias y decisiones derivadas directamente relacionadas con ellas. En cuanto al amparo solicitado. Igualmente, y si no se aceptara esta petición, solicitó a este mismo tribunal superior invalidar cualquier referencia dentro del veredicto conteniendo opiniones personales o consideraciones políticas Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional confirmó este jueves que decidió abrir una carpeta investigativa en contra de 25 mil funcionarios públicos ante eventuales delitos de fraude al fisco en la emisión de licencias médicas durante 2023 y 2024, y que en dicho periodo habrían sido cumplidas por los trabajadores fuera del país. Según se informó esta jornada, la causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente y será encabezada por la fiscal Lorena Parra, quien ya habría iniciado las primeras indagatorias para esclarecer la legalidad en la entrega de estos documentos médicos a trabajadores que las habrían utilizado para salir de vacaciones. En la investigación también estarían en la mira los doctores y especialistas médicos que entregaron estas licencias fraudulentas, a quienes se persigue ante eventuales delitos de emisión de documentos falsos. Según informó latercera.com, el ente persecutor “dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, resolvió abrir oficio la investigación con el fin de determinar la responsabilidad en delitos fraude al fisco, en el caso de los funcionarios, y eventual emisión de permisos médicos falsos o fraudulentos en el caso de los médicos”. Cabe señalar que esta indagatoria de oficio llega luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que logró identificar a más de 25 mil empleados públicos que presentaron sus licencias médicas, y que se verificaron fueron utilizadas durante sus periodos vacacionales. Un total de 35.585 documentos que se presentaron en diversas reparticiones públicas (13), y que fueron emitidos en un 69% por Fonasa y otro 31% por diferentes Isapres. La institución pública más comprometida en esta investigación es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con un total de dos mil doscientos ochenta licencias médicas emitidas a funcionarios que las usaron en sus periodos vacacionales. Un 25% del total de permisos médicos que fueron emitidos durante 2023 y 2024 a diversas reparticiones públicas; en los que instituciones como Fundación Íntegra (1.934) y la municipalidad Arica (719) fueron quienes más registraron licencias médicas con esta finalidad para sus empleados. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelará a la resolución ante la Corte Suprema. La información fue dada a conocer por el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde una reunión con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. El fiscal Castro señaló que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de información y evidencia lo más expeditamente posible”. En relación al fallo que acogió el recurso presentado por Josefina Huneeus contra las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía y autorizadas por Sissi Bertoglio-Talap, magistrada del Tribunal Garantía, Castro indicó que han decidido recurrir ante la Corte Suprema. El fallo estableció que “no solo se ha infringido obligaciones legales sino que se han validado actuaciones policiales propias tiempos pretéritos”. Tras esta decisión, se removió al fiscal Cooper del caso para asegurar su continuidad y objetividad en las diligencias en curso. En entrevista con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó dicho fallo sosteniendo que “más allá contundente contiene un conjunto afirmaciones graves”. Fuente: Publimetro
El caso del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en la comuna de Independencia escaló la crisis diplomática entre Venezuela y Chile, con las graves acusaciones que salpican al número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Pero aún más, de comprobarse las sospechas de la Fiscalía Nacional, se revela la enorme organización criminal que, comandada desde Caracas, extiende su amenaza por varios países donde los presos políticos y disidentes han debido refugiarse huyendo de la dictadura. Mientras que la justicia chilena pone el ojo en Diosdado Cabello y sus nexos con la red delictiva “Los Piratas de Aragua”, sale a la luz otro nombre, el Alexander Granko Arteaga quien ha sido tildado como “el carnicero de Maduro”. El coronel activo y actual jefe de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la DGCIM fue precisamente condecorado por el chavismo, pese al rechazo de la oposición venezolana que ha denunciado su participación en la tortura, tratos crueles y violación de Derechos Humanos de detenidos políticos en Venezuela. Se trata de Alexander Granko Arteaga, conocido como el “carnicero de Maduro”, quien aparentemente estuvo en Chile para encabezar el asesinato del disidente. Para fortalecer dicha hipótesis, los peritos esperan el análisis de pruebas clave”, expresó Tamara Suju, abogada defensora de DDHH y asesora acuerdo Casla/OEA para Crímenes de Lesa Humanidad. De acuerdo con la activista ahora en el exilio, “Las indagatorias señalan que Granko habría sido el hombre armado que sometió al exteniente venezolano, lo subió a un vehículo y facilitó su posterior asesinato”. Alexander Granko Arteaga nació un 25 de marzo de 1981. En Wikipedia se destacan algunos datos sobre sus inicios como oficial militar desde ingreso en la Academia Militar hasta su egreso como licenciado en ciencias y artes militares. Fue parte importante durante tres años formando parte del tercer anillo seguridad. A petición propia fue oficial seguridad hijas exmandatario Hugo Chávez. Granko dirigió operación resultando muerto piloto Óscar Pérez junto otras seis personas tildada masacre El Junquito. Fuente: Publimetro
