La región de Magallanes se ve nuevamente sacudida por un escándalo que involucra a funcionarios de Gendarmería. En esta ocasión, cuatro empleados de la cárcel de Punta Arenas han sido denunciados por presuntas prácticas indebidas, como el abuso de poder para vender completos a los internos a un precio inflado de $3.500, dos mil pesos más caros que al público en general. El diputado Roberto Arroyo, representante del Biobío y miembro de la Comisión de Defensa, ha calificado este suceso como grave. Según sus palabras, estas prácticas no solo reflejan abuso de poder desde una posición privilegiada, sino también un aprovechamiento económico inaceptable que erosiona la confianza en la institución. Este incidente se suma a la preocupante cifra de ocho funcionarios de Gendarmería despedidos en lo que va del año por irregularidades administrativas. Arroyo ha expresado su inquietud al respecto: Aquí hay un problema de fondo. Estamos viendo una serie de hechos que evidencian falta de control interno, falta de liderazgo y ausencia de una estrategia clara para enfrentar estas conductas dentro de Gendarmería. Ante esta situación, el diputado Arroyo ha anunciado que solicitará una audiencia con la Dirección Nacional de Gendarmería y ha enviado un oficio al Ministerio de Justicia para obtener información sobre las causas identificadas y las acciones tomadas para abordar estos problemas. Además, se está evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley destinado a fortalecer y modernizar a Gendarmería, proporcionándole herramientas adicionales, controles más estrictos y estándares más elevados para combatir el crimen organizado y prevenir la repetición de estos incidentes. En última instancia, Arroyo ha enfatizado la importancia de proteger la institucionalidad penitenciaria y garantizar que los reclusos cumplan sus condenas en un entorno libre de abusos o beneficios indebidos. El Estado debe dar ejemplo y mantener una política de tolerancia cero ante estos actos, concluyó el legislador. Fuente: Publimetro
La región de Magallanes se ve nuevamente sacudida por un escándalo que involucra a funcionarios de Gendarmería. En esta ocasión, cuatro empleados de la cárcel de Punta Arenas han sido denunciados por presuntas prácticas indebidas, como el abuso de poder para vender completos a los internos a un precio inflado de $3.500, dos mil pesos más caros que al público en general. El diputado Roberto Arroyo, representante del Biobío y miembro de la Comisión de Defensa, ha calificado este suceso como grave. Según sus palabras, estas prácticas no solo reflejan abuso de poder desde una posición privilegiada, sino también un aprovechamiento económico inaceptable que erosiona la confianza en la institución. Este incidente se suma a la preocupante cifra de ocho funcionarios de Gendarmería despedidos en lo que va del año por irregularidades administrativas. Arroyo ha expresado su inquietud al respecto: Aquí hay un problema de fondo. Estamos viendo una serie de hechos que evidencian falta de control interno, falta de liderazgo y ausencia de una estrategia clara para enfrentar estas conductas dentro de Gendarmería. Ante esta situación, el diputado Arroyo ha anunciado que solicitará una audiencia con la Dirección Nacional de Gendarmería y ha enviado un oficio al Ministerio de Justicia para obtener información sobre las causas identificadas y las acciones tomadas para abordar estos problemas. Además, se está evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley destinado a fortalecer y modernizar a Gendarmería, proporcionándole herramientas adicionales, controles más estrictos y estándares más elevados para combatir el crimen organizado y prevenir la repetición de estos incidentes. En última instancia, Arroyo ha enfatizado la importancia de proteger la institucionalidad penitenciaria y garantizar que los reclusos cumplan sus condenas en un entorno libre de abusos o beneficios indebidos. El Estado debe dar ejemplo y mantener una política de tolerancia cero ante estos actos, concluyó el legislador. Fuente: Publimetro
