Las diputadas de oposición, Marlene Pérez, representante de la Región del Biobío, y Marcia Raphael, de Aysén, han cuestionado duramente las alzas en las tarifas eléctricas que afectan gravemente a los hogares del país. Ambas parlamentarias acusan una falta de transparencia y una deficiente gestión por parte del Ministerio de Energía, mientras alertan sobre las consecuencias económicas que estas subidas tendrán para las familias chilenas. La congresista Marlene Pérez enfatizó que las alzas en las tarifas eléctricas, que superan el 70% a nivel nacional, están absorbiendo gran parte del reciente aumento del sueldo mínimo. Los antecedentes que tenemos es que, en gran medida, el aumento del sueldo mínimo será absorbido por el incremento de la tarifa eléctrica. Ha habido una falta de transparencia, una gestión deficiente por parte del Ministerio de Energía, que ha llevado a que a muchas familias chilenas les está siendo insostenible poder cancelar las cuentas de la luz, afirmó Pérez. En esa línea, la legisladora además subrayó la necesidad de una revisión crítica de la gestión ministerial, destacando que se debe dejar de proteger a un ministro que directamente no ha dado el ancho en la cartera de Energía. Por su parte, la parlamentaria Marcia Raphael destacó el impacto desproporcionado de las alzas en regiones extremas como Aysén, donde el costo por kilovatio hora es el más alto del país. Es fundamental que se tomen medidas para evitar que este desequilibrio siga creciendo, ya que puede tener consecuencias devastadoras para la economía familiar. Además, el hecho de que en regiones como Aysén las alzas sean aún mayores añade una preocupación adicional, requiriendo una atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades de esta zona, señaló. Ambas congresistas instaron al Gobierno a priorizar medidas efectivas para regular las tarifas eléctricas y garantizar un acceso justo a este servicio básico. Esperamos que este tipo de análisis contribuya para que el Gobierno tome acciones y se garantice un acceso justo a servicios básicos como la electricidad, concluyó Raphael. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Llas legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino también agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar cun colapso y posibles motines. No permitiremos 'El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado'. Si persisten A pesar 'de las críticas',el Ministerio'de Justicia' la cárc Fuente: Publimetro
La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez alzó la voz sobre los 1.838 casos de niños y niñas bajo protección estatal que esperan atenciones médicas esenciales. La diputada reiteró su compromiso con la niñez vulnerable y llamó a implementar mecanismos de exigibilidad y sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. En este contexto, la legisladora ofició a los ministerios de Salud y Desarrollo Social por estas cifras, señalando quees inaceptable que los niños bajo protección estatal deban esperar meses o incluso años por atenciones críticas. Esto no es solo un problema de gestión; es una crisis de derechos humanos que debemos enfrentar con seriedad. Entre julio y octubre del año pasado, los casos de niños en listas de espera aumentaron de 1.661 a 1.838, según una investigación. En promedio, los menores han esperado 248 días por consultas médicas y 277 días por cirugías. La diputada criticó duramente la falta de respuestas claras de instituciones como el Ministerio de Salud, Sename y Mejor Niñez. En ese contexto, la representante del Biobío enfatizó que la Ley de Garantías de la Niñez requiere modificaciones urgentes. Propuso establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones similares a los de la Ley de Transparencia. Hoy vulnerar los derechos de los niños sale gratis. Desde el Congreso, debemos impulsar cambios para que las instituciones cumplan su deber, porque la niñez no puede seguir siendo postergada, indicó. Asimismo, la legisladora también recordó su reciente llamado al gobierno sobre los menores fallecidos en contextos de violencia y crimen organizado.Hemos normalizado el abandono de la infancia, y eso no lo podemos permitir. Desde la salud hasta la seguridad, todos los dispositivos estatales están fallando. Si no cambiamos, la niñez seguirá siendo víctima de un sistema ineficiente, afirmó. Pérez reafirmó su compromiso de perseverar en la defensa de la infancia: “Sé que cuesta mantener este tema en la agenda, pero no descansaré hasta que el Estado cumpla su rol de proteger y garantizar los derechos de nuestros niños y niñas”. Fuente: Publimetro
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Las diputadas de oposición, Marlene Pérez, representante de la Región del Biobío, y Marcia Raphael, de Aysén, han cuestionado duramente las alzas en las tarifas eléctricas que afectan gravemente a los hogares del país. Ambas parlamentarias acusan una falta de transparencia y una deficiente gestión por parte del Ministerio de Energía, mientras alertan sobre las consecuencias económicas que estas subidas tendrán para las familias chilenas. La congresista Marlene Pérez enfatizó que las alzas en las tarifas eléctricas, que superan el 70% a nivel nacional, están absorbiendo gran parte del reciente aumento del sueldo mínimo. Los antecedentes que tenemos es que, en gran medida, el aumento del sueldo mínimo será absorbido por el incremento de la tarifa eléctrica. Ha habido una falta de transparencia, una gestión deficiente por parte del Ministerio de Energía, que ha llevado a que a muchas familias chilenas les está siendo insostenible poder cancelar las cuentas de la luz, afirmó Pérez. En esa línea, la legisladora además subrayó la necesidad de una revisión crítica de la gestión ministerial, destacando que se debe dejar de proteger a un ministro que directamente no ha dado el ancho en la cartera de Energía. Por su parte, la parlamentaria Marcia Raphael destacó el impacto desproporcionado de las alzas en regiones extremas como Aysén, donde el costo por kilovatio hora es el más alto del país. Es fundamental que se tomen medidas para evitar que este desequilibrio siga creciendo, ya que puede tener consecuencias devastadoras para la economía familiar. Además, el hecho de que en regiones como Aysén las alzas sean aún mayores añade una preocupación adicional, requiriendo una atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades de esta zona, señaló. Ambas congresistas instaron al Gobierno a priorizar medidas efectivas para regular las tarifas eléctricas y garantizar un acceso justo a este servicio básico. Esperamos que este tipo de análisis contribuya para que el Gobierno tome acciones y se garantice un acceso justo a servicios básicos como la electricidad, concluyó Raphael. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Llas legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino también agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar cun colapso y posibles motines. No permitiremos 'El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado'. Si persisten A pesar 'de las críticas',el Ministerio'de Justicia' la cárc Fuente: Publimetro
La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez alzó la voz sobre los 1.838 casos de niños y niñas bajo protección estatal que esperan atenciones médicas esenciales. La diputada reiteró su compromiso con la niñez vulnerable y llamó a implementar mecanismos de exigibilidad y sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. En este contexto, la legisladora ofició a los ministerios de Salud y Desarrollo Social por estas cifras, señalando quees inaceptable que los niños bajo protección estatal deban esperar meses o incluso años por atenciones críticas. Esto no es solo un problema de gestión; es una crisis de derechos humanos que debemos enfrentar con seriedad. Entre julio y octubre del año pasado, los casos de niños en listas de espera aumentaron de 1.661 a 1.838, según una investigación. En promedio, los menores han esperado 248 días por consultas médicas y 277 días por cirugías. La diputada criticó duramente la falta de respuestas claras de instituciones como el Ministerio de Salud, Sename y Mejor Niñez. En ese contexto, la representante del Biobío enfatizó que la Ley de Garantías de la Niñez requiere modificaciones urgentes. Propuso establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones similares a los de la Ley de Transparencia. Hoy vulnerar los derechos de los niños sale gratis. Desde el Congreso, debemos impulsar cambios para que las instituciones cumplan su deber, porque la niñez no puede seguir siendo postergada, indicó. Asimismo, la legisladora también recordó su reciente llamado al gobierno sobre los menores fallecidos en contextos de violencia y crimen organizado.Hemos normalizado el abandono de la infancia, y eso no lo podemos permitir. Desde la salud hasta la seguridad, todos los dispositivos estatales están fallando. Si no cambiamos, la niñez seguirá siendo víctima de un sistema ineficiente, afirmó. Pérez reafirmó su compromiso de perseverar en la defensa de la infancia: “Sé que cuesta mantener este tema en la agenda, pero no descansaré hasta que el Estado cumpla su rol de proteger y garantizar los derechos de nuestros niños y niñas”. Fuente: Publimetro
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