La Municipalidad de Temuco logró una condena histórica en el ámbito de las carreras clandestinas, tras presentar una querella que resultó en la condena de dos personas involucradas en un evento ilegal que tuvo lugar en febrero de 2023 en Isla Cautín. Además, se ordenó la destrucción de uno de los vehículos utilizados en la competencia.

El tribunal dictó la sentencia luego de una investigación abierta por la Fiscalía, originada gracias a la querella presentada por el municipio. La fiscal a cargo del caso, Claudia Turra, destacó la relevancia de esta decisión judicial al afirmar que “es una de las primeras condenas que se han dictado en el sistema penal luego de que el legislador incorporara este delito; y esto castiga las carreras clandestinas de vehículos motorizados”.

Durante el evento ilegal, uno de los vehículos involucrados colisionó con un automóvil que circulaba normalmente, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones, incluyendo a una ciclista que estuvo a punto de ser atropellada.

La directora de Asesoría Jurídica de la municipalidad, Muriel Maturana, subrayó la importancia de esta sentencia al indicar que “lo novedoso es que primero se trata de una sentencia obtenida por un tipo penal relativamente nuevo y segundo que en el caso de esta querella de la Municipalidad de Temuco, se obtuvo además el comiso al vehículo que ya estaba decretado y en este caso la destrucción del mismo”.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó su firme compromiso con la justicia en casos que afectan la seguridad ciudadana. “Creo fuertemente que aplicar la justicia en materias tan graves que afectan a la ciudadanía cuando se corre este tipo de carreras ilegales afecta la integridad física, psicológica y la tranquilidad de los barrios”, manifestó. Además, destacó que seguirán buscando alternativas para que quienes infrinjan la ley enfrenten consecuencias como el comiso y la futura destrucción de vehículos involucrados en actividades ilícitas.

Los condenados, identificados como D.E.M.C. y C.A.D.S., admitieron su culpabilidad ante las pruebas presentadas por la Fiscalía. Las penas impuestas incluyeron la suspensión de la licencia de conducir por seis meses, inhabilitación para ejercer cargos públicos y 61 días de reclusión para uno de ellos, quien actualmente se encontraba en prisión preventiva por otro delito.