La diputada Karen Medina (Indep-DC), con el apoyo transversal de diputados del Biobío, ha presentado un proyecto que solicita al Presidente de la República dictar un Decreto Supremo para declarar a la jibia –dosidicus gigas, nombre científico– como Unidad de Pesquería Única Nacional. PUBLICIDAD Esta iniciativa tiene como objetivo abordar las dificultades que enfrentan los pescadores artesanales, especialmente en la Región del Biobío, quienes han sido sancionados por operar fuera de sus regiones de inscripción, a pesar de que se trata de una especie migratoria. En palabras de la congresista: “la legislación actual no refleja la realidad que viven nuestros pescadores. Por eso, desde este Congreso hemos presentado este proyecto para que se reconozca a la jibia como pesquería única nacional”. Además, agregó: “Hoy nuestros pescadores están movilizados porque no han sido escuchados y las medidas que se aplican solo los perjudican”. El proyecto propone habilitar a todas las embarcaciones artesanales inscritas para operar en la macrozona comprendida entre la I y la X Región, fomentando una gestión pesquera acorde con el comportamiento migratorio de la jibia. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta medida es fundamental para avanzar hacia una gobernanza pesquera más equitativa, coherente con la realidad territorial y social del país. Fuente: Publimetro
Dudamos que estén cooperando activamente con la investigación, dice en sus primeras líneas una carta firmada por los familiares de los siete pescadores de la lancha “Bruma”, que continúan desaparecidos tras haber naufragado por el presunto impacto del barco de pesca industrial “Cobra”. Así, un día después de haber despedido a sus familiares en una ceremonia simbólica realizada en el mar, en la costa de la región del Biobío, el abogado Rafael Poblete, leyó la carta donde realizan sus descargos hacia al tripulación de la embarcación mayor, quienes también habían asegurado que están colaborando con la indagatoria. “El día de ayer (miércoles) se dio a conocer una carta de los tripulantes del PAM Cobra asegurando que están cooperando activamente con la investigación y confían en que se establezcan con claridad las causas del accidente “, comenzaron indicando los familiares en la carta. A continuación indicaron que “ nosotros dudamos que estén cooperando activamente con la investigación, pues para eso requiere que las personas digan la verdad, toda la verdad desde un primer momento, sin ocultar ni omitir nada, ningún detalle. En la carta, los familiares de las víctimas además apuntan al gerente de Blumar -empresa dueña del Cobra- y al aparente suicidio del vigía de la embarcación, Juan Sanhueza, que fue encontrado sin vida tras estar desaparecido, justo antes de que diera su declaración ante la fiscalía. “En este caso, el gerente de Blumar, el Sr. Gerardo Balbontín Fox, primero dijo que habló con los 18 tripulantes y ellos le dijeron que no había pasado nada, absolutamente nada. Pero después el Sr. Balbontín se vio obligado a cambiar su versión y reconocer que los tripulantes le dijeron 'sintieron un ruido', apuntaron los familiares. Sospechosamente, fueron todos antes reunidos en oficinas de Blumar, lo que pudo contribuir a construir un pacto de silencio para no perder sus trabajos y solo después cuando se supo sobre el aparente suicidio del Sr. Sanhueza es cuando finalmente el Sr. Balbontín mencionó lo ocurrido, agregaron. Llamamos a todos los tripulantes del “Cobra” para decir toda verdad posible. Podrían haber sido ustedes mismos quienes estuvieran atrapados bajo agua... les pedimos sinceridad, concluyeron. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Llas legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino también agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar cun colapso y posibles motines. No permitiremos 'El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado'. Si persisten A pesar 'de las críticas',el Ministerio'de Justicia' la cárc Fuente: Publimetro
Desde el pasado 8 de enero, el Presidente Boric tuvo una gira en la Región del Biobío con el fin de inspeccionar el avance del Puente Industrial en el Gran Concepción, ya que se encuentra en su etapa final. Bajo este contexto, Sergio Giacaman, gobernador regional, postuló la idea de cambiarle el nombre y reemplazarlo con el del difunto expresidente Sebastián Piñera, apuntando al rol que cumplió en el proceso de reconstrucción de la estructura. En una primera instancia, quien se pronunció respecto a dicha iniciativa fue el ministro de Obras Públicas, Danilo Núñez, quien ante la propuesta señaló que “habría que analizarlo y conversarlo”. Por otro lado, la Coordinadora de DD.HH se negó rotundamente mediante un comunicado. Según detalló el Diario Concepción , hubo una respuesta negativa por parte de la coordinadora, argumentando que el exjefe de Estado “dejó un oscuro legado marcado por graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019″. A pesar de esto, Sebastián Piñera jamás enfrentó a la justicia por las acciones y omisiones de su gobierno en estos crímenes. Proponer su nombre para un puente tan emblemático no solo resulta ofensivo para las víctimas y sus familias, sino que constituye un intento de limpiar su imagen histórica”, agregaron en el escrito. Además, enfatizaron en que “la figura de Sebastián Piñera no representa un factor de unión para la Región del Biobío ni para el país. Por el contrario, su nombre evoca divisiones, dolor y una profunda herida que aún no ha sanado”. Sumado a lo anterior, desde la Coordinadora de DD.HH instaron al gobernador Giacaman “a priorizar las verdaderas necesidades de la región como el encuentro con Wallmapu que supone reconciliarse con territorio más allá del Biobío, en lugar abrir debates innecesarios profundizan polarización”. PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
La diputada Karen Medina (Indep-DC), con el apoyo transversal de diputados del Biobío, ha presentado un proyecto que solicita al Presidente de la República dictar un Decreto Supremo para declarar a la jibia –dosidicus gigas, nombre científico– como Unidad de Pesquería Única Nacional. PUBLICIDAD Esta iniciativa tiene como objetivo abordar las dificultades que enfrentan los pescadores artesanales, especialmente en la Región del Biobío, quienes han sido sancionados por operar fuera de sus regiones de inscripción, a pesar de que se trata de una especie migratoria. En palabras de la congresista: “la legislación actual no refleja la realidad que viven nuestros pescadores. Por eso, desde este Congreso hemos presentado este proyecto para que se reconozca a la jibia como pesquería única nacional”. Además, agregó: “Hoy nuestros pescadores están movilizados porque no han sido escuchados y las medidas que se aplican solo los perjudican”. El proyecto propone habilitar a todas las embarcaciones artesanales inscritas para operar en la macrozona comprendida entre la I y la X Región, fomentando una gestión pesquera acorde con el comportamiento migratorio de la jibia. Por último, la parlamentaria enfatizó que esta medida es fundamental para avanzar hacia una gobernanza pesquera más equitativa, coherente con la realidad territorial y social del país. Fuente: Publimetro
Dudamos que estén cooperando activamente con la investigación, dice en sus primeras líneas una carta firmada por los familiares de los siete pescadores de la lancha “Bruma”, que continúan desaparecidos tras haber naufragado por el presunto impacto del barco de pesca industrial “Cobra”. Así, un día después de haber despedido a sus familiares en una ceremonia simbólica realizada en el mar, en la costa de la región del Biobío, el abogado Rafael Poblete, leyó la carta donde realizan sus descargos hacia al tripulación de la embarcación mayor, quienes también habían asegurado que están colaborando con la indagatoria. “El día de ayer (miércoles) se dio a conocer una carta de los tripulantes del PAM Cobra asegurando que están cooperando activamente con la investigación y confían en que se establezcan con claridad las causas del accidente “, comenzaron indicando los familiares en la carta. A continuación indicaron que “ nosotros dudamos que estén cooperando activamente con la investigación, pues para eso requiere que las personas digan la verdad, toda la verdad desde un primer momento, sin ocultar ni omitir nada, ningún detalle. En la carta, los familiares de las víctimas además apuntan al gerente de Blumar -empresa dueña del Cobra- y al aparente suicidio del vigía de la embarcación, Juan Sanhueza, que fue encontrado sin vida tras estar desaparecido, justo antes de que diera su declaración ante la fiscalía. “En este caso, el gerente de Blumar, el Sr. Gerardo Balbontín Fox, primero dijo que habló con los 18 tripulantes y ellos le dijeron que no había pasado nada, absolutamente nada. Pero después el Sr. Balbontín se vio obligado a cambiar su versión y reconocer que los tripulantes le dijeron 'sintieron un ruido', apuntaron los familiares. Sospechosamente, fueron todos antes reunidos en oficinas de Blumar, lo que pudo contribuir a construir un pacto de silencio para no perder sus trabajos y solo después cuando se supo sobre el aparente suicidio del Sr. Sanhueza es cuando finalmente el Sr. Balbontín mencionó lo ocurrido, agregaron. Llamamos a todos los tripulantes del “Cobra” para decir toda verdad posible. Podrían haber sido ustedes mismos quienes estuvieran atrapados bajo agua... les pedimos sinceridad, concluyeron. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Llas legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino también agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar cun colapso y posibles motines. No permitiremos 'El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado'. Si persisten A pesar 'de las críticas',el Ministerio'de Justicia' la cárc Fuente: Publimetro
Desde el pasado 8 de enero, el Presidente Boric tuvo una gira en la Región del Biobío con el fin de inspeccionar el avance del Puente Industrial en el Gran Concepción, ya que se encuentra en su etapa final. Bajo este contexto, Sergio Giacaman, gobernador regional, postuló la idea de cambiarle el nombre y reemplazarlo con el del difunto expresidente Sebastián Piñera, apuntando al rol que cumplió en el proceso de reconstrucción de la estructura. En una primera instancia, quien se pronunció respecto a dicha iniciativa fue el ministro de Obras Públicas, Danilo Núñez, quien ante la propuesta señaló que “habría que analizarlo y conversarlo”. Por otro lado, la Coordinadora de DD.HH se negó rotundamente mediante un comunicado. Según detalló el Diario Concepción , hubo una respuesta negativa por parte de la coordinadora, argumentando que el exjefe de Estado “dejó un oscuro legado marcado por graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019″. A pesar de esto, Sebastián Piñera jamás enfrentó a la justicia por las acciones y omisiones de su gobierno en estos crímenes. Proponer su nombre para un puente tan emblemático no solo resulta ofensivo para las víctimas y sus familias, sino que constituye un intento de limpiar su imagen histórica”, agregaron en el escrito. Además, enfatizaron en que “la figura de Sebastián Piñera no representa un factor de unión para la Región del Biobío ni para el país. Por el contrario, su nombre evoca divisiones, dolor y una profunda herida que aún no ha sanado”. Sumado a lo anterior, desde la Coordinadora de DD.HH instaron al gobernador Giacaman “a priorizar las verdaderas necesidades de la región como el encuentro con Wallmapu que supone reconciliarse con territorio más allá del Biobío, en lugar abrir debates innecesarios profundizan polarización”. PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
