La adquisición de 22 automóviles de lujo Lexus ES300h, valuada en $1200 millones, fue detenida en febrero de 2024 por la Corte Suprema. Sin embargo, recientemente se reveló la sanción impuesta a los responsables. De acuerdo con el Poder Judicial, se decidió aplicar el inciso 3° del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales para remover a los funcionarios de confianza de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En consecuencia, el tribunal confirmó la sanción contra el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, y el subdirector Zvonimr Koporcic Alfaro, por su participación en el intento fallido de renovar los vehículos de los ministros y fiscales del tribunal. La propuesta generó controversia al intentar reemplazar los vehículos Toyota Camry que han sido utilizados por los miembros de la Corte Suprema desde 2014. El secretario del tribunal, Jorge Sáez, reveló que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda estaban al tanto desde noviembre de 2023 sobre la compra de los autos de alta gama. El monto total fue autorizado por el Congreso en la ley de Presupuestos de 2024 y ratificado por el consejo de la CAPJ. Sáez explicó que la decisión se basó en criterios técnicos y de seguridad, priorizando estándares ambientales sostenibles. Estas consideraciones fueron fundamentales para aprobar la renovación de los vehículos, afirmó. Fuente: Publimetro
En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema revisará en aproximadamente un mes la solicitud de remoción presentada por parlamentarios del oficialismo en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esta acción se da luego de la , obtenidos del celular requisado a la exjefa comunal en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella, que fue cerrada por falta de antecedentes. Desde el Poder Judicial se informó que la audiencia está programada para el próximo lunes 21 de julio. Además de las filtraciones, se acusa al fiscal Cooper de actuar desproporcionadamente al fijar el allanamiento al domicilio de la diputada Cariola el mismo día en que dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo pasado. Entre las conversaciones filtradas a mediados de marzo, se destacan críticas directas al Ejecutivo: “Estoy muy decepcionada del proyecto político”; “Este gobierno es lo peor que nos ha pasado”; “El P (Presidente Gabriel Boric) es una mierda de persona”; “Quiero estar lo más lejos posibles de toda esa gente”; “Los encuentro asquerosos”; “Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”; (Sobre Camila Vallejo y Matías Meza-Lopehandía) “Un par de entreguistas sin principios”; fueron los mensajes enviados por Karol Cariola a Irací Hassler. Tras estas filtraciones, Cariola expresó su pesar: “Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación”. Además, agregó: “Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”. Por su parte, Irací Hassler declaró: “Hace dos años entregué voluntariamente mi celular por la investigación de Sierra Bella. No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna”. Añadió: “Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento. El Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto”. Fuente: Publimetro
Los 16 jueces de la Corte Suprema de Chile se sometieron voluntariamente a un examen de drogas el lunes 16 de junio. La prueba consistió en un análisis de cabello capaz de detectar el consumo de sustancias ilícitas hasta 90 días antes. Aunque inicialmente se estableció que solo una muestra aleatoria sería tomada, el pleno decidió que todos los jueces participarían. La ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, explicó: “Esta es una decisión del pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, confianza y legitimidad. Hasta ahora, los ministros podían ser seleccionados al azar, pero optamos por hacerlo de forma voluntaria como un cuerpo colegiado”. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del lunes y contó con la participación de todos los ministros en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera. Según lo indicado por el máximo tribunal, los resultados de los exámenes serán entregados confidencialmente a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En caso de resultados negativos o ausencias, se informará al Pleno de la Corte Suprema. Sin embargo, si algún resultado es positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el acta 203-2018. Este protocolo implica realizar una contra muestra y, en caso de confirmarse el consumo de sustancias ilegales, la persona será sometida a una evaluación clínica para determinar la dependencia. En caso de confirmarse esta dependencia, se informará al superior jerárquico y se iniciará un proceso de rehabilitación que podría incluir la suspensión del cargo por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “ opiniones personales o consideraciones de orden político ”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte Suprema al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de civiles y militares , donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestionó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes y funciones que forman parte del cuerpo policial o la analogía entre una diligencia y un período histórico y social, respectivamente, y no se ajusta al ejercicio judicial ya establecido en nuestro país. La potestad ejercida por todo tribunal nacional no contempla tal prerrogativa. En su solicitud, añadió a “¡”, “¿pide¡¿, ¡que se revoque!, ¿y declare legalidad!, tanto para todas las resoluciones judiciales impugnadas como para todas aquellas diligencias y decisiones derivadas directamente relacionadas con ellas. En cuanto al amparo solicitado. Igualmente, y si no se aceptara esta petición, solicitó a este mismo tribunal superior invalidar cualquier referencia dentro del veredicto conteniendo opiniones personales o consideraciones políticas Fuente: Publimetro
La adquisición de 22 automóviles de lujo Lexus ES300h, valuada en $1200 millones, fue detenida en febrero de 2024 por la Corte Suprema. Sin embargo, recientemente se reveló la sanción impuesta a los responsables. De acuerdo con el Poder Judicial, se decidió aplicar el inciso 3° del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales para remover a los funcionarios de confianza de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En consecuencia, el tribunal confirmó la sanción contra el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, y el subdirector Zvonimr Koporcic Alfaro, por su participación en el intento fallido de renovar los vehículos de los ministros y fiscales del tribunal. La propuesta generó controversia al intentar reemplazar los vehículos Toyota Camry que han sido utilizados por los miembros de la Corte Suprema desde 2014. El secretario del tribunal, Jorge Sáez, reveló que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda estaban al tanto desde noviembre de 2023 sobre la compra de los autos de alta gama. El monto total fue autorizado por el Congreso en la ley de Presupuestos de 2024 y ratificado por el consejo de la CAPJ. Sáez explicó que la decisión se basó en criterios técnicos y de seguridad, priorizando estándares ambientales sostenibles. Estas consideraciones fueron fundamentales para aprobar la renovación de los vehículos, afirmó. Fuente: Publimetro
En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país. La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas. En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias. Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal. Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros. Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos. Fuente: Publimetro
La Corte Suprema revisará en aproximadamente un mes la solicitud de remoción presentada por parlamentarios del oficialismo en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esta acción se da luego de la , obtenidos del celular requisado a la exjefa comunal en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella, que fue cerrada por falta de antecedentes. Desde el Poder Judicial se informó que la audiencia está programada para el próximo lunes 21 de julio. Además de las filtraciones, se acusa al fiscal Cooper de actuar desproporcionadamente al fijar el allanamiento al domicilio de la diputada Cariola el mismo día en que dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo pasado. Entre las conversaciones filtradas a mediados de marzo, se destacan críticas directas al Ejecutivo: “Estoy muy decepcionada del proyecto político”; “Este gobierno es lo peor que nos ha pasado”; “El P (Presidente Gabriel Boric) es una mierda de persona”; “Quiero estar lo más lejos posibles de toda esa gente”; “Los encuentro asquerosos”; “Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”; (Sobre Camila Vallejo y Matías Meza-Lopehandía) “Un par de entreguistas sin principios”; fueron los mensajes enviados por Karol Cariola a Irací Hassler. Tras estas filtraciones, Cariola expresó su pesar: “Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación”. Además, agregó: “Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”. Por su parte, Irací Hassler declaró: “Hace dos años entregué voluntariamente mi celular por la investigación de Sierra Bella. No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna”. Añadió: “Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento. El Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto”. Fuente: Publimetro
Los 16 jueces de la Corte Suprema de Chile se sometieron voluntariamente a un examen de drogas el lunes 16 de junio. La prueba consistió en un análisis de cabello capaz de detectar el consumo de sustancias ilícitas hasta 90 días antes. Aunque inicialmente se estableció que solo una muestra aleatoria sería tomada, el pleno decidió que todos los jueces participarían. La ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, explicó: “Esta es una decisión del pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, confianza y legitimidad. Hasta ahora, los ministros podían ser seleccionados al azar, pero optamos por hacerlo de forma voluntaria como un cuerpo colegiado”. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del lunes y contó con la participación de todos los ministros en ejercicio, incluido el presidente Ricardo Blanco Herrera. Según lo indicado por el máximo tribunal, los resultados de los exámenes serán entregados confidencialmente a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En caso de resultados negativos o ausencias, se informará al Pleno de la Corte Suprema. Sin embargo, si algún resultado es positivo, se seguirá el procedimiento establecido por el acta 203-2018. Este protocolo implica realizar una contra muestra y, en caso de confirmarse el consumo de sustancias ilegales, la persona será sometida a una evaluación clínica para determinar la dependencia. En caso de confirmarse esta dependencia, se informará al superior jerárquico y se iniciará un proceso de rehabilitación que podría incluir la suspensión del cargo por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Fuente: Publimetro
Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus. En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “ opiniones personales o consideraciones de orden político ”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”. Respecto a la calificación que hizo la Corte Suprema al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de civiles y militares , donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestionó. Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes y funciones que forman parte del cuerpo policial o la analogía entre una diligencia y un período histórico y social, respectivamente, y no se ajusta al ejercicio judicial ya establecido en nuestro país. La potestad ejercida por todo tribunal nacional no contempla tal prerrogativa. En su solicitud, añadió a “¡”, “¿pide¡¿, ¡que se revoque!, ¿y declare legalidad!, tanto para todas las resoluciones judiciales impugnadas como para todas aquellas diligencias y decisiones derivadas directamente relacionadas con ellas. En cuanto al amparo solicitado. Igualmente, y si no se aceptara esta petición, solicitó a este mismo tribunal superior invalidar cualquier referencia dentro del veredicto conteniendo opiniones personales o consideraciones políticas Fuente: Publimetro
