En el marco de un informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, la fiscal judicial de la Corte Suprema recopiló información relevante. Según lo informado por el máximo tribunal, se detectaron casos de funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del país.
La revisión de los casos contó con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se identificaron un total de 1029 casos de salidas del país en un lapso de 5 años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 siguen activos, dentro de un universo total de 13 457 personas.
En cuanto a los cargos involucrados, se aclaró que no hay ministros o fiscales de la Corte Suprema entre los 571 funcionarios activos. Sin embargo, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias.
Desde la Corte Suprema se ha decidido remitir una lista con los nombres correspondientes a las cortes de apelaciones para iniciar procedimientos disciplinarios. Estas investigaciones estarán a cargo de un único fiscal judicial por cada corte. Además, se advierte sobre posibles superposiciones entre licencias médicas y feriados, aspecto que será objeto de investigación.
La Fiscalía Metropolitana Oriente está analizando detenidamente el informe presentado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público. El objetivo es depurar la información para iniciar una investigación centrada en médicos que falsifican permisos y otros delitos asociados a esta práctica ilegal.
Según lo expresado por Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, "la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para nosotros". Hace referencia a una denuncia previa que afectó a Fonasa por un monto considerable en subsidios por incapacidad laboral. Valdés señala que esperan descartar posibles delitos y utilizar procedimientos adecuados para determinar responsabilidades administrativas en estos casos.