El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades ( ACHM), Gustavo Alessandri, se reunió con representantes de distintas comunas para abordar el financiamiento en el marco del debate sobre la Ley de Seguridad Municipal en el Senado. Durante la reunión, Alessandri propuso que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los municipios sea devuelto a estas entidades y que parte de esos recursos se destine a un Fondo Común de Seguridad. Esta medida podría generar alrededor de 370 millones de dólares anuales para los municipios, aliviando así su déficit financiero. En sus palabras, Alessandri destacó que “el proyecto de ley de seguridad municipal, en su forma actual, carece de los recursos necesarios para ser implementado eficazmente. Con esta propuesta, no estamos solicitando fondos adicionales, sino que planteamos una solución concreta al déficit evidente de esta ley, utilizando recursos que generamos los propios municipios. Esto no sólo permitiría financiar la Ley de Seguridad Municipal, sino también abordar muchas otras demandas ciudadanas”. Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, resaltó que “los municipios somos los principales ejecutores de gasto público. Existen 345 municipios en Chile y, en ese contexto, resulta lógico que el IVA pagado por nuestras compras se nos devuelva, especialmente considerando que asumimos la ejecución de programas que el Estado transfiere a nivel local en la mayoría de los casos”. El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, añadió que “no venimos a pedir recursos nuevos; lo que proponemos es administrar de mejor forma los recursos que ya generamos, porque somos la primera cara del Estado en nuestras comunas. A nuestro juicio, el porcentaje mayor de la devolución del IVA debería destinarse directamente a los municipios que ejecutan el gasto, y en un porcentaje menor trabajar un Fondo Común de Seguridad, sin embargo, estamos abiertos a evaluar distintas alternativas”. Finalmente, los representantes de ACHM sugirieron al ministro Marcel revisar y actualizar los criterios de distribución del Fondo Común Municipal para adaptarlo a las nuevas necesidades locales y garantizar una gestión más eficiente de los recursos en beneficio directo de la ciudadanía. En palabras finales, Alessandri expresó: “Estamos trabajando en propuestas para resolver problemas estructurales de financiamiento municipal en áreas clave como transporte y salud. Nuestro objetivo es avanzar hacia una mayor autonomía financiera municipal para lograr una verdadera descentralización. Esperamos voluntad política del gobierno porque esa es nuestra dirección”. Fuente: Publimetro
En una decisión tomada este viernes por el Presidente Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, solicitó la renuncia de Javier Etcheberry al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), posición que ocupó durante un año. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la solicitud se basó en la información proporcionada por Etcheberry sobre la actualización del avalúo de su propiedad en Paine y la necesidad de mantener el buen funcionamiento del Servicio en un contexto político tenso. Por otro lado, se reconoció la trayectoria de servicio público de Javier Etcheberry, quien regresó al sector público después de una destacada carrera en el sector privado para liderar el mismo Servicio que dirigió durante doce años desde el retorno a la democracia. Mario Marcel destacó el compromiso de Etcheberry con el servicio público y la misión del SII, resaltando su gestión en fortalecer las labores de fiscalización tributaria y colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Bajo su liderazgo, se mejoró significativamente la recaudación tributaria y se descubrieron numerosas operaciones de evasión fiscal. El ministro lamentó la salida prematura de Etcheberry pero expresó confianza en que su legado será su incansable esfuerzo por combatir la evasión y elusión fiscal, así como su liderazgo en la aplicación de nuevas tecnologías en el Servicio. Se espera que tanto el personal del SII como la directora subrogante y el equipo directivo mantengan el prestigio y eficacia del Servicio. La renuncia será efectiva a partir del martes 22 de julio. Carolina Saravia Morales asumirá como directora interina, ocupando el cargo desde finales de este mes hasta el final de la actual Administración, según lo establecido por la Ley 19.882 que regula la política de personal para funcionarios públicos. Fuente: Publimetro
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados dio un paso significativo al aprobar un proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como instrumento de reajuste en diversos ámbitos, incluyendo créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional. Esta decisión contó con el respaldo de seis de los trece diputados que integran la comisión, resultando en cinco votos a favor y uno en contra. Entre los parlamentarios que apoyaron la propuesta se encuentran el presidente de la Comisión, Víctor Pino (PDG), y los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo. También votó a favor Gonzalo Winter, del Frente Amplio. Solo el diputado Christian Matheson, perteneciente a la bancada independiente de Evópoli, se opuso a la medida. En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su análisis sobre las implicancias de eliminar la UF. Alertó sobre los efectos negativos que esta medida podría tener en los créditos hipotecarios, destacando que “la UF ha tenido un rol importante en el mercado de crédito hipotecario. La indexación impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión en el sector inmobiliario, y contribuyó a la expansión del mercado hipotecario chileno”. Marcel enfatizó que los bancos podrían enfrentarse a dificultades para gestionar el riesgo inflacionario, lo que podría derivar en tasas de interés más altas y condiciones de financiamiento más estrictas, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. “Aumentos en las tasas hipotecarias afectarían especialmente a familias de ingresos medios y bajos”, afirmó. El ministro también advirtió que la eliminación de la UF podría desincentivar la inversión inmobiliaria, disminuyendo la oferta de viviendas y aumentando los precios de los inmuebles a largo plazo. “Esto es especialmente sensible en el contexto actual, en que se están impulsando medidas en el sentido opuesto”, agregó. Marcel recordó que “tal como destaca el Banco Central en su oficio, la UF se creó para hacer frente a las fluctuaciones en materia de inflación, lo que repercute especialmente en financiamientos de largo plazo”. En cuanto a los contratos de salud previsional, el ministro explicó que “la UF se utiliza en múltiples aspectos del sistema de salud, incluidos topes imponibles y cotizaciones. Cambiar su uso puede generar distorsiones”. Además, afirmó que “fijar precio de los planes de salud en UF o en pesos no generaría directamente una reducción del costo, ya que los precios son revisados continuamente por las Isapres y regulados por la Superintendencia de Salud”. Marcel mencionó que prohibir la UF podría resultar en precios iniciales más altos, debido a la necesidad de cubrir la incertidumbre inflacionaria mediante criterios más conservadores. En lo que respecta a la educación, el ministro indicó que “existen contratos que establecen una anualidad fija en UF, dividida en cuotas mensuales, y otros cuyo arancel mensual se reajusta continuamente según la UF”. Además, sugirió abordar la periodicidad y existencia de mecanismos alternativos de reajuste como el IPC. Sobre los contratos de arriendo, Marcel precisó que “aumenta la exposición de los arrendadores a la inflación, incentivando precios iniciales más altos como protección” y generando un “incremento de las frecuencias de negociaciones sobre el precio y la aplicación de reajustes”. La vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, también participó en la discusión advirtiendo que la eliminación de la UF podría aumentar la incertidumbre entre los oferentes de créditos hipotecarios quienes podrían buscar alternativas como indexar según el IPC o dolarizar. “La UF es un instrumento ampliamente usado y contribuye en parte a mantener la estabilidad del mercado inmobiliario”, expresó. Aunque el proyecto fue aprobado en general, se acordó escuchar a varias entidades antes de avanzar en la votación particular. Entre los organismos consultados estarán el Sernac, Banco Central y las superintendencias Salud y Educación. El presidente Víctor Pino declaró: “Hemos querido interpretar una demanda ciudadana que nos pedía terminar con el cobro abusivo en UF en distintas áreas diferentes a los créditos hipotecarios”. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido víctima de la clonación de su tarjeta de crédito durante una gira oficial en España. La noticia fue confirmada por 24 Horas, quienes informaron sobre transacciones fraudulentas realizadas con la tarjeta. El incidente tuvo lugar mientras Marcel participaba en la IV Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla, entre el 30 de junio y 3 de julio. Durante su viaje, el ministro tenía como objetivo “destacar el papel catalizador de las entidades cuasi-soberanas como bancos nacionales de desarrollo, gobiernos subnacionales e instituciones financieras públicas para movilizar la inversión alineada con el clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Ante esta situación, Marcel contactó al banco correspondiente para informar sobre el problema, lo que resultó en el bloqueo de su tarjeta para evitar mayores pérdidas económicas. Actualmente, el ministro se encuentra en licencia médica, lo que retrasó el proceso de denuncia. Carabineros acudió a su domicilio para presentar la denuncia formal y recabar su testimonio sobre lo ocurrido. En 2022, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) registró más de 18 mil reclamos por fraudes relacionados con tarjetas de crédito. Esta situación ha llevado a las entidades financieras a implementar medidas más rigurosas y a los usuarios a ser más cautelosos con sus datos bancarios. Expertos recomiendan no compartir información personal, revisar regularmente los estados de cuenta en busca de movimientos sospechosos, utilizar contraseñas seguras y cambiar los códigos de acceso con frecuencia. La clonación de tarjetas no solo afecta a nivel personal, sino que también impacta en la confianza hacia las instituciones financieras. El gobierno ha expresado la necesidad de reforzar la seguridad en el uso de tarjetas y proteger los datos personales. El Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado, aseguró que se tomarán medidas para prevenir situaciones similares en el futuro, tanto para funcionarios como para ciudadanos en general. Se instó a los bancos a mejorar sus protocolos de seguridad y brindar información clara sobre la prevención de fraudes. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda Mario Marcel y la directora de Presupuestos Javiera Martínez, dieron a conocer un balance de las sanciones que se han llevado adelante en el gobierno central, tras el informe de la Contraloría que detectó que más de 25 000 funcionarios hicieron mal uso de licencias médicas. El ministro Marcel sostuvo que de acuerdo a la información reportada, ” todos los ministerios ya han iniciado procesos sumariales. Hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios, lo que considera los ministerios. Los funcionarios con inicio de sumario son 6592 ”. El secretario de Estado agregó que “la cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy habiendo incurrido en algunas de estas prácticas son 1102 del gobierno central, no incluye a municipalidades”. En el Ejecutivo explicaron que de los más de 25 000 funcionarios detectados, alrededor de 8000 corresponden al gobierno central, el resto son fundamentalmente de las municipalidades. Según detalló el ministro de Hacienda, “se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores”, por lo que vendrían de gobiernos anteriores. Mario Marcel se refirió también a las sanciones que arriesgan los funcionarios públicos involucrados. “Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja. En cuanto a las sanciones, pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo. Por supuesto, puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como los casos de licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar”, sostuvo. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en tanto, aseguró que el objetivo del gobierno es que se puedan “tener los sumarios cerrados de aquí a un mes”. Martínez agregó que “dentro de la calendarización que tenemos es que una vez iniciado la totalidad de los sumarios podamos hacer llegar la información al Consejo de Defensa del Estado porque vamos necesitar apoyo otras instituciones del Estado para recuperación fondos No es algo se haga automáticamente depende informes pueda hacer resto instituciones personas tengan devolver recursos” Fuente: Publimetro
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades ( ACHM), Gustavo Alessandri, se reunió con representantes de distintas comunas para abordar el financiamiento en el marco del debate sobre la Ley de Seguridad Municipal en el Senado. Durante la reunión, Alessandri propuso que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los municipios sea devuelto a estas entidades y que parte de esos recursos se destine a un Fondo Común de Seguridad. Esta medida podría generar alrededor de 370 millones de dólares anuales para los municipios, aliviando así su déficit financiero. En sus palabras, Alessandri destacó que “el proyecto de ley de seguridad municipal, en su forma actual, carece de los recursos necesarios para ser implementado eficazmente. Con esta propuesta, no estamos solicitando fondos adicionales, sino que planteamos una solución concreta al déficit evidente de esta ley, utilizando recursos que generamos los propios municipios. Esto no sólo permitiría financiar la Ley de Seguridad Municipal, sino también abordar muchas otras demandas ciudadanas”. Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, resaltó que “los municipios somos los principales ejecutores de gasto público. Existen 345 municipios en Chile y, en ese contexto, resulta lógico que el IVA pagado por nuestras compras se nos devuelva, especialmente considerando que asumimos la ejecución de programas que el Estado transfiere a nivel local en la mayoría de los casos”. El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, añadió que “no venimos a pedir recursos nuevos; lo que proponemos es administrar de mejor forma los recursos que ya generamos, porque somos la primera cara del Estado en nuestras comunas. A nuestro juicio, el porcentaje mayor de la devolución del IVA debería destinarse directamente a los municipios que ejecutan el gasto, y en un porcentaje menor trabajar un Fondo Común de Seguridad, sin embargo, estamos abiertos a evaluar distintas alternativas”. Finalmente, los representantes de ACHM sugirieron al ministro Marcel revisar y actualizar los criterios de distribución del Fondo Común Municipal para adaptarlo a las nuevas necesidades locales y garantizar una gestión más eficiente de los recursos en beneficio directo de la ciudadanía. En palabras finales, Alessandri expresó: “Estamos trabajando en propuestas para resolver problemas estructurales de financiamiento municipal en áreas clave como transporte y salud. Nuestro objetivo es avanzar hacia una mayor autonomía financiera municipal para lograr una verdadera descentralización. Esperamos voluntad política del gobierno porque esa es nuestra dirección”. Fuente: Publimetro
En una decisión tomada este viernes por el Presidente Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, solicitó la renuncia de Javier Etcheberry al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), posición que ocupó durante un año. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la solicitud se basó en la información proporcionada por Etcheberry sobre la actualización del avalúo de su propiedad en Paine y la necesidad de mantener el buen funcionamiento del Servicio en un contexto político tenso. Por otro lado, se reconoció la trayectoria de servicio público de Javier Etcheberry, quien regresó al sector público después de una destacada carrera en el sector privado para liderar el mismo Servicio que dirigió durante doce años desde el retorno a la democracia. Mario Marcel destacó el compromiso de Etcheberry con el servicio público y la misión del SII, resaltando su gestión en fortalecer las labores de fiscalización tributaria y colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Bajo su liderazgo, se mejoró significativamente la recaudación tributaria y se descubrieron numerosas operaciones de evasión fiscal. El ministro lamentó la salida prematura de Etcheberry pero expresó confianza en que su legado será su incansable esfuerzo por combatir la evasión y elusión fiscal, así como su liderazgo en la aplicación de nuevas tecnologías en el Servicio. Se espera que tanto el personal del SII como la directora subrogante y el equipo directivo mantengan el prestigio y eficacia del Servicio. La renuncia será efectiva a partir del martes 22 de julio. Carolina Saravia Morales asumirá como directora interina, ocupando el cargo desde finales de este mes hasta el final de la actual Administración, según lo establecido por la Ley 19.882 que regula la política de personal para funcionarios públicos. Fuente: Publimetro
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados dio un paso significativo al aprobar un proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como instrumento de reajuste en diversos ámbitos, incluyendo créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional. Esta decisión contó con el respaldo de seis de los trece diputados que integran la comisión, resultando en cinco votos a favor y uno en contra. Entre los parlamentarios que apoyaron la propuesta se encuentran el presidente de la Comisión, Víctor Pino (PDG), y los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo. También votó a favor Gonzalo Winter, del Frente Amplio. Solo el diputado Christian Matheson, perteneciente a la bancada independiente de Evópoli, se opuso a la medida. En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su análisis sobre las implicancias de eliminar la UF. Alertó sobre los efectos negativos que esta medida podría tener en los créditos hipotecarios, destacando que “la UF ha tenido un rol importante en el mercado de crédito hipotecario. La indexación impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión en el sector inmobiliario, y contribuyó a la expansión del mercado hipotecario chileno”. Marcel enfatizó que los bancos podrían enfrentarse a dificultades para gestionar el riesgo inflacionario, lo que podría derivar en tasas de interés más altas y condiciones de financiamiento más estrictas, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. “Aumentos en las tasas hipotecarias afectarían especialmente a familias de ingresos medios y bajos”, afirmó. El ministro también advirtió que la eliminación de la UF podría desincentivar la inversión inmobiliaria, disminuyendo la oferta de viviendas y aumentando los precios de los inmuebles a largo plazo. “Esto es especialmente sensible en el contexto actual, en que se están impulsando medidas en el sentido opuesto”, agregó. Marcel recordó que “tal como destaca el Banco Central en su oficio, la UF se creó para hacer frente a las fluctuaciones en materia de inflación, lo que repercute especialmente en financiamientos de largo plazo”. En cuanto a los contratos de salud previsional, el ministro explicó que “la UF se utiliza en múltiples aspectos del sistema de salud, incluidos topes imponibles y cotizaciones. Cambiar su uso puede generar distorsiones”. Además, afirmó que “fijar precio de los planes de salud en UF o en pesos no generaría directamente una reducción del costo, ya que los precios son revisados continuamente por las Isapres y regulados por la Superintendencia de Salud”. Marcel mencionó que prohibir la UF podría resultar en precios iniciales más altos, debido a la necesidad de cubrir la incertidumbre inflacionaria mediante criterios más conservadores. En lo que respecta a la educación, el ministro indicó que “existen contratos que establecen una anualidad fija en UF, dividida en cuotas mensuales, y otros cuyo arancel mensual se reajusta continuamente según la UF”. Además, sugirió abordar la periodicidad y existencia de mecanismos alternativos de reajuste como el IPC. Sobre los contratos de arriendo, Marcel precisó que “aumenta la exposición de los arrendadores a la inflación, incentivando precios iniciales más altos como protección” y generando un “incremento de las frecuencias de negociaciones sobre el precio y la aplicación de reajustes”. La vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, también participó en la discusión advirtiendo que la eliminación de la UF podría aumentar la incertidumbre entre los oferentes de créditos hipotecarios quienes podrían buscar alternativas como indexar según el IPC o dolarizar. “La UF es un instrumento ampliamente usado y contribuye en parte a mantener la estabilidad del mercado inmobiliario”, expresó. Aunque el proyecto fue aprobado en general, se acordó escuchar a varias entidades antes de avanzar en la votación particular. Entre los organismos consultados estarán el Sernac, Banco Central y las superintendencias Salud y Educación. El presidente Víctor Pino declaró: “Hemos querido interpretar una demanda ciudadana que nos pedía terminar con el cobro abusivo en UF en distintas áreas diferentes a los créditos hipotecarios”. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido víctima de la clonación de su tarjeta de crédito durante una gira oficial en España. La noticia fue confirmada por 24 Horas, quienes informaron sobre transacciones fraudulentas realizadas con la tarjeta. El incidente tuvo lugar mientras Marcel participaba en la IV Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla, entre el 30 de junio y 3 de julio. Durante su viaje, el ministro tenía como objetivo “destacar el papel catalizador de las entidades cuasi-soberanas como bancos nacionales de desarrollo, gobiernos subnacionales e instituciones financieras públicas para movilizar la inversión alineada con el clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Ante esta situación, Marcel contactó al banco correspondiente para informar sobre el problema, lo que resultó en el bloqueo de su tarjeta para evitar mayores pérdidas económicas. Actualmente, el ministro se encuentra en licencia médica, lo que retrasó el proceso de denuncia. Carabineros acudió a su domicilio para presentar la denuncia formal y recabar su testimonio sobre lo ocurrido. En 2022, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) registró más de 18 mil reclamos por fraudes relacionados con tarjetas de crédito. Esta situación ha llevado a las entidades financieras a implementar medidas más rigurosas y a los usuarios a ser más cautelosos con sus datos bancarios. Expertos recomiendan no compartir información personal, revisar regularmente los estados de cuenta en busca de movimientos sospechosos, utilizar contraseñas seguras y cambiar los códigos de acceso con frecuencia. La clonación de tarjetas no solo afecta a nivel personal, sino que también impacta en la confianza hacia las instituciones financieras. El gobierno ha expresado la necesidad de reforzar la seguridad en el uso de tarjetas y proteger los datos personales. El Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado, aseguró que se tomarán medidas para prevenir situaciones similares en el futuro, tanto para funcionarios como para ciudadanos en general. Se instó a los bancos a mejorar sus protocolos de seguridad y brindar información clara sobre la prevención de fraudes. Fuente: Publimetro
El ministro de Hacienda Mario Marcel y la directora de Presupuestos Javiera Martínez, dieron a conocer un balance de las sanciones que se han llevado adelante en el gobierno central, tras el informe de la Contraloría que detectó que más de 25 000 funcionarios hicieron mal uso de licencias médicas. El ministro Marcel sostuvo que de acuerdo a la información reportada, ” todos los ministerios ya han iniciado procesos sumariales. Hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios, lo que considera los ministerios. Los funcionarios con inicio de sumario son 6592 ”. El secretario de Estado agregó que “la cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy habiendo incurrido en algunas de estas prácticas son 1102 del gobierno central, no incluye a municipalidades”. En el Ejecutivo explicaron que de los más de 25 000 funcionarios detectados, alrededor de 8000 corresponden al gobierno central, el resto son fundamentalmente de las municipalidades. Según detalló el ministro de Hacienda, “se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores”, por lo que vendrían de gobiernos anteriores. Mario Marcel se refirió también a las sanciones que arriesgan los funcionarios públicos involucrados. “Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja. En cuanto a las sanciones, pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo. Por supuesto, puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como los casos de licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar”, sostuvo. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en tanto, aseguró que el objetivo del gobierno es que se puedan “tener los sumarios cerrados de aquí a un mes”. Martínez agregó que “dentro de la calendarización que tenemos es que una vez iniciado la totalidad de los sumarios podamos hacer llegar la información al Consejo de Defensa del Estado porque vamos necesitar apoyo otras instituciones del Estado para recuperación fondos No es algo se haga automáticamente depende informes pueda hacer resto instituciones personas tengan devolver recursos” Fuente: Publimetro
