Práctica mediática de las fiscalías: celebrar anuncios, no resultados

La Fiscalía ha sido protagonista de algunos de los procesos judiciales más destacados y políticamente sensibles en Chile en los últimos años. Figuras emblemáticas de la izquierda chilena, como Irací Hassler, Daniel Jadue y Karol Cariola, han sido objeto de investigaciones penales con gran repercusión pública. Sin embargo, la mayoría de estos casos han concluido de la misma manera: sin juicio, sin condena y sin lograr demostrar un delito ante los tribunales. ¿Estamos frente a un Ministerio Público que investiga de forma autónoma o ante un sistema de justicia que opera más por presión mediática que por pruebas concretas?

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Irací Hassler. La exalcaldesa de Santiago fue formalmente imputada por fraude al fisco debido a la polémica compra de la ex Clínica Sierra Bella por un monto cercano a los $8 mil millones, una cifra muy superior a su valor real. A pesar de las diligencias y declaraciones realizadas por la Fiscalía, incluyendo la propia Hassler, quien atribuyó la responsabilidad a sus colaboradores cercanos, el fiscal regional Patricio Cooper cerró la investigación el 26 de mayo al no contar con suficientes antecedentes. Posteriormente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó el sobreseimiento definitivo el 30 de julio. En resumen, según la justicia no hubo delito.

Sin embargo, a pesar de esta resolución judicial favorable para Hassler, el daño político ya estaba consumado: perdió la reelección ante Mario Desbordes.

Otro caso delicado es el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Formalizado en junio de 2024 por múltiples cargos como cohecho, estafa y administración desleal, Jadue ha estado cumpliendo arresto domiciliario total desde entonces después de haber pasado 91 días en prisión preventiva. A pesar de esto, la acusación formal aún no se ha presentado. La defensa del exalcalde insiste en que el caso tiene motivaciones políticas, especialmente en un año electoral donde su nombre suena como posible candidato presidencial. La prolongación indefinida de medidas cautelares como la prisión preventiva termina funcionando como una condena anticipada sin juicio ni sentencia.

Por otro lado, la diputada Karol Cariola vivió una situación aún más cuestionable desde el punto de vista procedimental. En marzo de este año, su casa fue allanada por la Policía de Investigaciones en relación al Caso Sierra Bella mientras ella se encontraba en su postnatal. Su teléfono y computador fueron incautados para obtener evidencia antes que Hassler pudiera acceder a ciertos documentos. Sin embargo, la Fiscalía también cerró este caso el 26 de mayo al determinar que no había pruebas suficientes para sostener la existencia de un delito. La imagen pública de la parlamentaria ya había sido expuesta, su privacidad vulnerada y su fuero parlamentario tensionado, todo sin resultado judicial alguno.

Tres investigaciones relevantes involucrando figuras políticas del mismo sector lideradas por el fiscal Patricio Cooper han concluido sin condenas. Esto plantea interrogantes no solo sobre la inocencia o culpabilidad de los investigados, sino sobre la lógica detrás de una persecución penal que parece basarse más en sospechas que en pruebas contundentes.

Aunque la Fiscalía tiene el mandato constitucional de investigar delitos con objetividad y respeto por el debido proceso, las prolongadas medidas cautelares y las investigaciones archivadas sin pruebas generan dudas sobre una posible instrumentalización del sistema penal y una justicia convertida en campo político.

¿Quién asume la responsabilidad por reparar el daño a la imagen pública? ¿Quién responde por las carreras truncadas o la desconfianza sembrada? La presunción de inocencia no debería ser solo una garantía formal; también debe ser un principio ético y un límite institucional para aquellos con poder para acusar sin lograr probar.

Esperamos ver los resultados tras los llamativos anuncios de investigaciones y solicitudes judiciales que pocas veces culminan en condenas reales, especialmente en lo referente a casos políticos.