El Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución el miércoles 11 de junio, poniendo fin al conflicto de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental (ITA) en relación al proyecto minero-portuario Dominga. En su fallo, el TC rechazó la reclamación presentada por el Comité de Ministros, respaldando las acciones del ITA en la fase de ejecución de su sentencia emitida en diciembre pasado. El tribunal argumentó que el ITA tiene la autoridad para supervisar el cumplimiento de sus propias resoluciones. El Comité de Ministros acusó al ITA de exceder sus facultades al modificar parcialmente su resolución del 14 de enero de este año, alegando que el Tribunal Ambiental intervino indebidamente en decisiones que corresponden exclusivamente al órgano administrativo, contraviniendo los artículos 30 de la Ley N°20.600 y 20 de la Ley N°19.300 . Después de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara al Comité de Ministros realizar una nueva votación sobre el proyecto minero-portuario, el Ejecutivo decidió llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. La sentencia aclaró que la prohibición establecida en el artículo 30 de la Ley N°20.600 , referente a los tribunales ambientales y la definición del contenido discrecional de actos anulados, se aplica únicamente a sentencias declarativas y no a etapas de ejecución. Además, el TC señaló que la resolución del ITA forma parte del cumplimiento incidental de la sentencia, donde ambas partes deben actuar según lo dictado previamente. El fallo destacó que al apelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta sin cuestionar primero la vía ejecutiva, el Comité de Ministros implícitamente reconoció la competencia del ITA. Esta contradicción fue determinante en la decisión. Al presentar la apelación, dicha parte validó la competencia de la Corte, afirmó el TC. Esta decisión elimina el último obstáculo legal para el proyecto Dominga. De esta manera, Andes Iron SpA, responsable del proyecto, podrá continuar con el proceso de evaluación ambiental según lo indicado por el ITA en diciembre de 2024. Fuente: Publimetro
Luego que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera público su fallo, Isabel Allende , a través de una declaración pública, cuestionó la resolución y apuntó a motivaciones políticas detrás de su destitución, que se gatilla luego de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La exsenadora PS afirmó que “ esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del Gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el ex Presidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene”. Isabel Allende detalló que accedieron y siguieron “todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Argumento que no fue recogido y que implica mi cese inmediato”. La exparlamentaria dijo que hoy la “destituyen del cargo de senadora de manera inapelable, y además debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito. Han sido meses muy duros, en los que se generó un daño irreparable a nuestra familia y donde se ha puesto en tela de juicio nuestra honra y la tradición republicana”. En su declaración, Isabel Allende Bussi resaltó que se iba “con la frente en alto. En mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad. Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”. “El tiempo se encargará de darnos la razón y reivindicará el noble propósito depreservar la memoria delloqu e quiso ser unmuseopúblicodelacasa demi padre , qu ecuenta hastael día dehoyconelrespetoy cariño entrañabled emiles decom patriotasqu evaloransulegado”, acotól amilitantesocialista . PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
El Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución el miércoles 11 de junio, poniendo fin al conflicto de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental (ITA) en relación al proyecto minero-portuario Dominga. En su fallo, el TC rechazó la reclamación presentada por el Comité de Ministros, respaldando las acciones del ITA en la fase de ejecución de su sentencia emitida en diciembre pasado. El tribunal argumentó que el ITA tiene la autoridad para supervisar el cumplimiento de sus propias resoluciones. El Comité de Ministros acusó al ITA de exceder sus facultades al modificar parcialmente su resolución del 14 de enero de este año, alegando que el Tribunal Ambiental intervino indebidamente en decisiones que corresponden exclusivamente al órgano administrativo, contraviniendo los artículos 30 de la Ley N°20.600 y 20 de la Ley N°19.300 . Después de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara al Comité de Ministros realizar una nueva votación sobre el proyecto minero-portuario, el Ejecutivo decidió llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. La sentencia aclaró que la prohibición establecida en el artículo 30 de la Ley N°20.600 , referente a los tribunales ambientales y la definición del contenido discrecional de actos anulados, se aplica únicamente a sentencias declarativas y no a etapas de ejecución. Además, el TC señaló que la resolución del ITA forma parte del cumplimiento incidental de la sentencia, donde ambas partes deben actuar según lo dictado previamente. El fallo destacó que al apelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta sin cuestionar primero la vía ejecutiva, el Comité de Ministros implícitamente reconoció la competencia del ITA. Esta contradicción fue determinante en la decisión. Al presentar la apelación, dicha parte validó la competencia de la Corte, afirmó el TC. Esta decisión elimina el último obstáculo legal para el proyecto Dominga. De esta manera, Andes Iron SpA, responsable del proyecto, podrá continuar con el proceso de evaluación ambiental según lo indicado por el ITA en diciembre de 2024. Fuente: Publimetro
Luego que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera público su fallo, Isabel Allende , a través de una declaración pública, cuestionó la resolución y apuntó a motivaciones políticas detrás de su destitución, que se gatilla luego de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La exsenadora PS afirmó que “ esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del Gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el ex Presidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene”. Isabel Allende detalló que accedieron y siguieron “todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Argumento que no fue recogido y que implica mi cese inmediato”. La exparlamentaria dijo que hoy la “destituyen del cargo de senadora de manera inapelable, y además debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito. Han sido meses muy duros, en los que se generó un daño irreparable a nuestra familia y donde se ha puesto en tela de juicio nuestra honra y la tradición republicana”. En su declaración, Isabel Allende Bussi resaltó que se iba “con la frente en alto. En mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad. Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”. “El tiempo se encargará de darnos la razón y reivindicará el noble propósito depreservar la memoria delloqu e quiso ser unmuseopúblicodelacasa demi padre , qu ecuenta hastael día dehoyconelrespetoy cariño entrañabled emiles decom patriotasqu evaloransulegado”, acotól amilitantesocialista . PUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDADPUBLICIDAD Fuente: Publimetro
