La Municipalidad de Ñuñoa, liderada por el alcalde Sebastián Sichel, recibió un llamado al orden por parte de la Contraloría General de la República. La Contraloría determinó que el municipio carece de las facultades legales para decretar un estado de emergencia comunal, a pesar de que el alcalde Sichel había anunciado esta medida en marzo pasado luego del incidente en el que un carabinero resultó herido mientras intentaba evitar un robo de vehículo.

En aquella ocasión, Sichel explicó la importancia del decreto para agilizar compras de infraestructura de seguridad en situaciones urgentes. Sin embargo, la Contraloría dejó claro que esta decisión recae en el Presidente de la República en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad nacional, según lo solicitado por la concejala Maite Descouvieres.

La contralora Dorothy Pérez afirmó que las municipalidades solo pueden actuar dentro de las atribuciones expresamente otorgadas por la ley. Por lo tanto, los municipios no tienen la autoridad para declarar estados de emergencia u acciones similares sin respaldo legal.

En respuesta a esta situación, la Contraloría indicó que la Municipalidad de Ñuñoa debe abstenerse de realizar declaraciones que distorsionen la naturaleza jurídica de los actos administrativos cuestionados. Además, se advirtió sobre el uso inapropiado de las redes sociales municipales para difundir información previamente compartida en cuentas personales, lo cual no está permitido según las normativas vigentes.

En resumen, la Contraloría reiteró que las autoridades y funcionarios solo pueden replicar información oficial una vez que haya sido publicada o comunicada formalmente a través de canales institucionales, sin tener la facultad de difundirla previamente o exclusivamente a través de sus cuentas personales.