Desde nuestro Gobierno sabemos que en contexto de encierro se amplifican las dificultades para las mujeres, sobre todo aquellas más básicas y ligadas a procesos vitales como menstruar, gestar y/o maternar. De esta manera, poder realizar actividades tan naturales como acceder libremente a servicios higiénicos durante las 24 horas del día, exposición a la luz solar (fuente de vitamina D tan necesaria sobre todo durante el embarazo), controles en materias de salud reproductiva, entre otras prestaciones se ven
limitadas por la condición de encierro, las que se agudizan aún más en recintos penitenciarios de antigua data, con poca disponibilidad de espacios y una permanente sobrepoblación.
Precisamente por las situaciones antes descritas, se ha vuelto cada vez más imprescindible incorporar la perspectiva, enfoque y transversalización de género a la especial condición que representan las mujeres al interior de los recintos penales. En este cometido el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el año 2023 presentó el “Plan de trabajo: Condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad”, documento que contiene acciones y medidas que se encuentran en implementación para atender las condiciones carcelarias de mujeres y grupos de especial protección.
Este plan aborda de manera prioritaria las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad, desarrollando acciones en cinco ejes: condiciones de habitabilidad e infraestructura: atención de salud integral, las prestaciones de reinserción social y procedimientos penitenciarios, sumando a los grupos de especial consideración, como mujeres de la tercera edad, mujeres extranjeras, mujeres embarazadas y aquellas que conviven con sus hijos o hijas menores de dos años en los establecimientos penales del
país, mujeres indígenas y mujeres en situación de discapacidad.
A un año de su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia y DD.HH realizó el encuentro “Avances y perspectivas: mejorando las condiciones de las mujeres privadas de libertad en Chile” para dar a conocer los avances en la implementación medidas de dicho plan, y además, entregar los resultados del estudio “Trayectorias de vida de mujeres privadas de libertad por delitos de la Ley N°20.000”, el cual fue ejecutado con recursos del Fondo de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El estudio, a cargo de la Universidad Católica de Chile tuvo como objetivo principal, identificar y caracterizar a través de las experiencias biográficas de las mujeres privadas de libertad, los factores que inciden en la ruta a cometer delitos de la Ley N°20.000.
Contar con un estudio actualizado sobre la realidad de la población penitenciaria femenina en Chile, es un significativo avance para intencionar el trabajo desde el Estado en las materias antes señaladas, con el objetivo de impactar en los procesos de reinserción social de las mujeres que cumplen condenas, y que son mayoritariamente el pilar fundamental de sus familias.
En Atacama desde las secretarías regionales ministeriales de la Mujer y la Equidad de Género, y de Justicia y Derechos Humanos, hemos articulado una mesa intersectorial para atender las particularidades de la población penal femenina. Durante este año concretamos importantes avances para facilitar el acceso a la justicia, atenciones de salud, capacitación y empleo, efectuando una coordinación con la Seremi de Salud,
Sernameg, Sence, la Corporación de Asistencia Judicial, entre otros servicios que nos han facilitado la realización de acciones concretas para brindar un mayor acompañamiento a las mujeres.
Entre las acciones destacan la alianza con la empresa Gold Fields, que nos permitió entregar kit de autoexamen de mamas a internas que permanecen en las unidades penales de Copiapó y Vallenar, facilitando la detección temprana del cáncer de mama a través de la sensibilización sobre esta patología y recomendaciones para la prevención y el auto cuidado.
Otra importante acción ha sido la desarrollada por Sence Atacama, quienes gestionaron una alianza estratégica con Atacama Kozan que permitirá la capacitación y certificación de 15 mujeres como instaladoras eléctricas calificadas, y contar con cupos para la inclusión laboral de quienes egresen al medio libre. Esta apuesta público-privada posibilita continuar avanzando en la reinserción social y laboral de las mujeres que han sido condenadas por la comisión de algún delito, pero que están saldando su deuda con la sociedad y quieren dejar atrás el circuito delictual.
Con especial atención junto a Gendarmería de Chile y otras instituciones públicas, hemos seguido las condiciones de las mujeres gestantes y de aquellas que son madres de hijos e hijas lactantes y se encuentran privadas de libertad. Destacamos en este cometido la labor desarrollada por la Defensoría Penal Pública en la búsqueda de alternativas de cumplimento de condenas durante este período de desarrollo vital para ellas y sus hijos, pues si bien han cometido un delito, siempre es necesario resguardar los derechos fundamentales de la primera infancia.

Fabiola Gallardo Torres Tomás Garay Pérez
Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Región de Atacama Región de Atacama