La Fiscalía de Los Ríos ha dado un giro en la investigación sobre la muerte de Tomás Bravo, el niño de tres años fallecido en febrero de 2021, con la revelación de nuevos informes que vinculan al tío abuelo del menor, Jorge Escobar, como el principal sospechoso en este caso. Los hallazgos de ADN lo relacionan aún más con los hechos, lo que podría cambiar el rumbo del juicio.

A pesar de estas pruebas incriminatorias, el proceso legal se ve obstaculizado por un juicio previo por abandono de menor que complica una posible nueva formalización.

Según Radio Biobío, los informes forenses indican que Escobar, de 61 años, podría estar directamente implicado en la muerte de Tomás. La autopsia revela que el niño murió asfixiado durante una agresión sexual. La fiscal Tatiana Esquivel ha logrado obtener comunicaciones entre Escobar y su familia durante más de un año, lo que podría aportar más pruebas al caso.

La situación se complica aún más debido a que la fiscalía del Bío Bío está llevando a cabo un juicio por abandono de menor con resultado de muerte contra Escobar, lo que impide juzgarlo dos veces por el mismo hecho.

La investigación inicial se inició en marzo de 2021, poco después de encontrar el cuerpo de Tomás. En ese momento, el fiscal José Ortiz formalizó cargos por homicidio calificado contra Escobar, pero la falta de pruebas concretas llevó a su sobreseimiento.

Esquivel obtuvo autorización judicial para intervenir los teléfonos de Escobar y su familia durante más de un año. Una interceptación fechada el 26 de febrero de 2024 revela las palabras del acusado: "Gracias a Dios que estas mierdas no tienen como cagarme sipu... Yo soy inocente de todas las hueás que me han levantado".

En el juicio, Escobar afirmó que Tomás desapareció mientras buscaba una vaca extraviada y presentó un video donde se ve una figura difusa que respaldaría su versión. La madre del niño declaró que no tiene dudas sobre la presencia de otra persona en el lugar.

Nuevos peritajes genéticos indican una compatibilidad con Escobar, reforzando la hipótesis de su implicación en el caso. Estos informes podrían ser clave para avanzar en una formalización.

Las nuevas pruebas plantean un dilema jurídico importante: ¿Puede la Fiscalía reabrir una formalización o avanzar hacia una condena por el mismo hecho? El Artículo 1 del Código Procesal Penal prohíbe someter a una persona nuevamente a juicio si ya ha sido absuelta o condenada definitivamente por el mismo acto. Esta situación podría complicar los próximos pasos del Ministerio Público.