La crisis laboral que afecta a cerca de 200 ex trabajadores de la empresa contratista New Energy sigue escalando y ahora cuenta con el respaldo de la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jonathan Páez Toro y Cecilia González Escobar, directora regional del Trabajo de Atacama. Los afectados, que prestaban servicios en el Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama, ubicado en Cerro Blanco, denuncian sueldos, finiquitos y cotizaciones impagas, con casos que se arrastran desde agosto de 2024.

La situación ha dejado a muchos sin acceso al seguro de cesantía ni posibilidad de encontrar un nuevo empleo, ya que no cuentan con su carta de despido ni finiquito oficial. Eduardo Muñoz, uno de los trabajadores afectados, relató que han agotado todas las vías formales: “Fuimos a la Inspección del Trabajo, hicimos constancias, presentamos denuncias, pero la empresa ni siquiera se presenta a las audiencias. Nos dicen que prefieren pagar las multas antes que dar la cara. Ya no les creemos, por eso estamos avanzando con abogados particulares”.

La precariedad e indefensión en que se encuentran los trabajadores encendió las alarmas entre las autoridades. La diputada por la Región de Atacama, Daniella Cicardini (PS), sostuvo una reunión clave con los afectados. Tras escuchar sus denuncias, condenó enérgicamente la situación: “Esto genera un impacto tremendo, no solo en los puestos laborales que tanto cuidamos en la región, sino también en la dignidad y derechos de los trabajadores y trabajadoras que hoy se ven atropellados. Esta empresa ha estado tomando decisiones bien desafortunadas, arrastrando irregularidades desde el año pasado”.

La parlamentaria detalló que ya se están articulando reuniones con el Seremi del Trabajo y la Dirección del Trabajo para establecer mesas de negociación. La próxima reunión clave está agendada para el martes 3 de junio. “El problema es diverso, porque hay trabajadores con situaciones particulares, pero el pago de los finiquitos es el principal tema que afecta a todos.

Nosotros vamos a estar súper vigilantes y avanzando con las acciones fiscalizadoras que correspondan”, aseguró Cicardini, recordando que este no es un hecho aislado en la región: “Lo vimos en Diego de Almagro y también con Cardones-Polpaico, donde tuvimos miles de trabajadores movilizándose, lo que generó una agenda legislativa en el Congreso para modificar la ley de subcontrataciones. Las empresas contratistas se lavan las manos, se declaran en quiebra, y nadie responde. La empresa mandante mira para el techo porque no tiene responsabilidades. Esto no lo podemos permitir”.

Eduardo Muñoz destacó la importancia de la reunión: “Fue muy satisfactoria, porque sentimos el apoyo de la diputada Cicardini. Tenemos compañeros que vienen arrastrando el problema del no pago de sus finiquitos desde septiembre de 2024. No podemos trabajar en otra empresa porque nos exigen el último finiquito, y sin eso estamos atrapados. Esperamos que pronto haya una solución para todos”.

La Dirección del Trabajo también tomó cartas en el asunto. Cecilia González Escobar, directora regional del Trabajo de Atacama, reconoció que, si bien se han aplicado multas administrativas a la empresa tras las audiencias fallidas, el fondo del problema sigue sin resolverse. “Nos preocupa mucho porque sabemos que finalmente no está resuelto el tema laboral con ellos. Hemos generado una mesa de trabajo, citamos al empleador y estamos trabajando con la empresa mandante para que se hagan cargo de lo adeudado a los trabajadores”, explicó.

Desde el gobierno regional, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Jonathan Páez Toro, subrayó que se está aplicando toda la capacidad legal disponible: “Es normal que estas reuniones traigan frustración, porque detrás de cada trabajador hay una familia. Estamos haciendo todo lo que tenemos como facultad para aplicar la ley. Se han generado mesas a través de fiscalizaciones y estamos en conversaciones con la mandante, que tiene la intención de cancelar los sueldos y finiquitos pendientes para destrabar el conflicto”.

Los trabajadores esperan poder llegar a una pronta solución pronta. Advierten además que estas prácticas podrían repetirse en otros proyectos si no se establece una fiscalización más rigurosa sobre las empresas contratistas del rubro energético. “Nosotros les dimos todo a esta empresa, trabajamos incluso domingos, levantándonos a las seis de la mañana. Hoy nos abandonan sin respuestas mientras el parque fotovoltaico sigue sin terminar su construcción y nuestras necesidades básicas están sin cubrir”, lamentó Adán Carvajal.

La comunidad laboral espera que esta crisis no quede en el olvido. El llamado es claro: las empresas y autoridades deben actuar con urgencia para garantizar los derechos fundamentales de quienes siguen sosteniendo con su trabajo los grandes proyectos energéticos del país.