Era abril del 2019 cuando concejales de Recoleta, junto a la entonces senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe y el ex Superintendente de Educación, presentaron una querella en contra del alcalde de la comuna, Daniel Jadue, por desfalco y uso indebido de caudales públicos, relacionados con supuestos desvíos de recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial).

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Sin embargo, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por falta de pruebas, según explicó el abogado defensor del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, Rodrigo Liberona.

En una entrevista con Publimetro, Liberona mencionó que en julio de 2018, la Contraloría realizó una auditoría enfocada en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. "Producto de esta auditoría y las observaciones recibidas, realizamos las correcciones correspondientes dentro de los plazos establecidos", explicó.

El abogado detalló que tras finalizar la auditoría, se presentó un recurso judicial. "Contraloría desestimó la petición de ordenar un sumario administrativo", agregó.

En noviembre de 2020, el superintendente de Educación, Cristián O'Ryan, denunció saldos no ejecutados por $4.200 millones ante el Ministerio Público, dando inicio a una investigación penal.

La investigación duró aproximadamente 5 años y según Liberona, se investigaron las cuentas corrientes del departamento de educación. "Pusimos todo a disposición de la fiscalía y el Ministerio Público", afirmó.

Para el abogado, esta situación fue una maniobra política orquestada por dirigentes relevantes de la Unión Demócrata Independiente. "El Ministerio Público no encontró antecedentes para formalizar a las personas denunciadas. Estudiaremos posibles acciones penales por injurias y calumnias contra los denunciantes UDI", comentó Liberona.

"Hubo un concierto por parte de estas autoridades para mancillar el nombre de Daniel Jadue y su equipo en educación. Estamos evaluando iniciar alguna acción reparadora debido al daño causado", concluyó.