La Cámara de Diputados ha aprobado un nuevo proyecto de ley que impone a las concesionarias de obras públicas viales la implementación de medidas de seguridad para prevenir delitos, específicamente las encerronas.

Con esta nueva normativa, según informa La Tercera, se espera reducir la incidencia de estos delitos y mejorar la seguridad de los usuarios en las carreteras.

Entre las medidas que se deben implementar se encuentra la instalación de sistemas de televigilancia para detectar vehículos con patentes alteradas, órdenes de encargo por apropiación o infracciones de tránsito.

El texto aprobado introduce dos modificaciones principales a la actual Ley de Concesiones de Obras Públicas. En primer lugar, refuerza los deberes de seguridad y protección que las concesionarias deben cumplir hacia los usuarios. En segundo lugar, establece la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos y lectores de patentes, entre otras medidas.

Además, se destaca que las especificaciones técnicas de estas nuevas obligaciones se detallarán en las bases de cada licitación, considerando la naturaleza y ubicación geográfica de cada contrato. Dichas bases también incluirán las sanciones aplicables a las concesionarias en caso de incumplimiento en materia de seguridad.

Las multas establecidas se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponde a las concesionarias según el Artículo 35 de la Ley de Concesiones, en función de los daños que puedan sufrir terceros.

El Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en la modificación de los contratos de concesión para incorporar estas nuevas medidas y fortalecer así la protección de los usuarios y sus bienes en las carreteras nacionales.

La nueva legislación también contempla la interoperabilidad entre concesionarias y organismos como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros. Esto permitirá el intercambio de información sobre vehículos que circulan por las obras, facilitando investigaciones penales y el trabajo policial en situaciones urgentes.

Además, se incluye una norma transitoria que obliga al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, a modificar los contratos vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años. El objetivo es incorporar los deberes establecidos en la nueva ley y las sanciones por incumplimiento.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que estas obras serán financiadas con recursos estatales sin afectar las tarifas. Destacó la necesidad urgente de adoptar estas medidas en infraestructuras viales del país ante la falta actualmente presente en 36 carreteras concesionadas.