Autoridad destacó el trabajo de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y sostuvo que,
a la luz de los hechos, se debe “actuar con decisión para dotar a las instituciones fiscalizadoras de
los instrumentos que requieren para cumplir de mejor manera con su labor”. Asimismo, espera que
este caso sirva para “tomar conciencia del enorme daño social que representa el fraude tributario”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los hechos recientemente conocidos relacionados con el mega fraude tributario desbaratado tras la investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII) y las policías, que dejó a 55 detenidos por la emisión de 100.000 facturas falsas, cuyo perjuicio fiscal estimado es de $240.000 millones. Según la autoridad, esto constituiría “el fraude tributario más grande que hemos conocido hasta ahora”.

El ministro Marcel reprochó que “a lo largo de los años, estas personas crearon empresas con el solo
propósito de emitir facturas ficticias que luego servirían para que cerca de 3.300 empresas efectuaran cargos o generaran créditos falsos y reducir así su pago de impuestos”, asegurando que se trata de una “organización para delinquir”.

“La magnitud de lo defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, de tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Esto nos da una idea del abuso cometido por estas personas”, detalló el ministro. A su vez, espera que este caso sirva para “tomar conciencia del enorme daño social que representa el fraude tributario”.

El titular de Hacienda aprovechó para destacar y felicitar al SII por la investigación realizada: “Este es un caso en el cual, lo primero que tenemos que hacer, es reconocer y felicitar el trabajo de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que durante varios años investigaron esta situación, interpusieron numerosas querellas y finalmente permitieron que se produjeran estas detenciones”. Pero, también indicó el secretario de Estado, “nos hace tomar conciencia de la magnitud y la enorme injusticia que representa el fraude tributario en Chile.

Hace pocos días dimos a conocer un estudio sobre la magnitud de la evasión en Chile; algunos dirigentes empresariales y dirigentes políticos manifestaron críticas y plantearon su escepticismo de la magnitud de las cifras resultantes del estudio de evasión. Por eso es importante que reconozcamos esta realidad y entreguemos a los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas, las herramientas operacionales y legales para actuar con mayor eficacia”.

Cabe recordar que el Informe sobre Brecha de Cumplimiento Tributario estimó que la brecha de
cumplimiento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Primera Categoría, fue de un 6,5% del PIB en promedio para los años 2018-2020. En la revisión individual, el IVA registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de 18,4% promedio. En el Impuesto de Primera Categoría, en tanto, la equivalencia de la brecha es de 4,7% del PIB en promedio, lo que significa un incumplimiento tributario del 51,4%.

Marcel recordó que en el proceso de discusión que se está llevando adelante en el marco de Pacto por el
Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, hay una serie de propuestas “destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos. Estas incluyen, entre otras cosas,la figura del denunciante anónimo, la colaboración eficaz y el aumento de las penas para la emisión de facturas falsas”. Ello permite que “aquellos empresarios que pagan oportunamente sus obligaciones tributarias, los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones se enfrenten en igualdad de condiciones con otros que pueden verse tentados a abusar del sistema”, dijo.

Finalmente, el ministro indicó que “tenemos a la mano la posibilidad de entregar y dotar a nuestros servicios de estas capacidades para luchar contra quienes evaden impuestos, lo que significa al mismo tiempo respaldar y hacer justicia con quienes cumplen habitualmente con sus obligaciones tributarias. La persona común y corriente en su consumo a través del pago del IVA, y las empresas que cumplen oportunamente con sus responsabilidades”.