El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, lideró la presentación del proyecto “Ley Anita”, una propuesta que surge tras el trágico accidente ocurrido el 16 de mayo en Chiguayante, donde un conductor bajo los efectos de la cocaína causó la muerte de tres personas y dejó a otras seis con lesiones graves, incluida Ana Hernández, presidenta de la Unión Comunal de los Adultos Mayores de Concepción, de 63 años.

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El objetivo principal de este proyecto es garantizar una mayor seguridad para los usuarios del transporte remunerado de pasajeros, especialmente enfocado en la protección de adultos mayores, personas con discapacidad y neurodivergentes. Según Arroyo, “Este proyecto se provoca por un accidente fatal donde una querida dirigente fallece. Queremos que el cuidado de nuestros adultos mayores sea importante, y eso implica control y corresponsabilidad desde las empresas de transporte”.

Entre las medidas propuestas se encuentran controles toxicológicos más frecuentes para los conductores, capacitación obligatoria en el trato adecuado hacia la tercera edad y sanciones más severas para aquellos que incumplan las normativas. El diputado enfatizó: “No puede ser que personas bajo el efecto de drogas sigan transportando pasajeros sin control. Este proyecto busca prevenir tragedias como la que nos arrebató a Anita”.

En la presentación del proyecto estuvieron presentes autoridades locales y parlamentarios que respaldan la iniciativa. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, destacó el apoyo transversal y expresó su deseo de convertir estas voluntades en una ley que establezca una fiscalización periódica obligatoria.

Mario Pávez Maturana, presidente de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Concepción, afirmó: “Este trágico accidente debe ser el resorte para que nuestras autoridades legislen con urgencia. Honrar a Anita es avanzar en protección y justicia”.

Otra figura que respaldó la iniciativa fue la diputada Francesca Muñoz, quien resaltó la importancia de medidas como una mayor fiscalización y capacitaciones en buen trato. Según ella, estas acciones son necesarias ante eventos que se repiten con demasiada frecuencia.

Finalmente, Arroyo hizo un llamado a sus colegas del Congreso para agilizar el proceso legislativo de la “Ley Anita”, subrayando que no se trata de un tema político, sino humano. Su objetivo es asegurar que nunca más se lamenten muertes evitables debido a negligencia y falta de fiscalización en el transporte público.