En el encuentro –que fue convocado por el fiscal judicial Meneses- se abordaron temas asociados con la situación penitenciaria en los tres recintos penales de la región, la sobrepoblación y el trato que reciben las personas privadas de libertad, las malas condiciones de infraestructura de los recintos, las deficientes condiciones de seguridad, la restricción en el acceso a la salud y a la educación de internos e internas, y las limitadas posibilidades de trabajo.
Una productiva reunión sostuvieron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya Novoa; el fiscal judicial del tribunal de alzada, Carlos Meneses Coloma, y la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Marcia Quezada Bracho, acerca del estado de funcionamiento del sistema penitenciario en la región de Atacama, oportunidad en la que coincidieron en la necesidad de contar con un nuevo complejo penitenciario, proyecto que lleva varios años sin concreción.
En el encuentro –que fue convocado por el fiscal judicial Meneses- se abordaron temas asociados con la situación penitenciaria en los tres recintos penales de la región, la sobrepoblación y el trato que reciben las personas privadas de libertad, las malas condiciones de infraestructura de los recintos, las deficientes condiciones de seguridad, la restricción en el acceso a la salud y a la educación de internos e internas, y las limitadas posibilidades de trabajo.
En la ocasión, el fiscal judicial expuso la situación que ha detectado el organismo en las visitas que efectúa al CCP de Chañaral, que revelan deficiencias en infraestructura y sobre todo en las limitadas condiciones de seguridad por la situación geográfica en que se encuentra el recinto.
Lo propio hizo la jefa regional del INDH, Marcia Quezada, respecto del CDP de Vallenar, destacando las serias deficiencias que presenta el recinto y los limitados espacios para el movimiento de internos e internas.
BALANCE
El fiscal Carlos Meneses recordó que el proceso penal implica el desarrollo de al menos tres etapas: la investigación del delito, el juzgamiento de las conductas y el cumplimiento de la sanción, fase final que, en el caso de las personas privadas de libertad en Atacama, presenta una evidente restricción que en varios aspectos no respeta los compromisos que el Estado de Chile ha asumido respecto de aquéllas.
“Fruto de estas conversaciones nuevamente salió a relucir el problema que arrastra nuestra región: el cumplimento de las penas en Atacama no solamente involucra una limitación ambulatoria para las personas privadas de libertad, sino que también trae aparejada una seria restricción de las posibilidades de reinserción social y de rehabilitación”, dijo.
La presidenta de la Corte de Copiapó, Marcela Araya Novoa, comentó que las exposiciones fueron muy ilustrativas respecto a la situación de los recintos penales de Atacama. “Son condiciones carcelarias que afectan gravemente los derechos humanos de hombres y mujeres privados de libertad, en algunos casos con hacinamiento, en otros problemas de infraestructura, de acceso a patio, condiciones de salud, capacitación y educación”, planteó.
En ese sentido, dijo que se concordó en que, desde el punto de vista penal, se trata de un tema prioritario para la región y por lo mismo se definió reunirse con cierta frecuencia para buscar soluciones definitivas a estos problemas que son urgentes.
En tanto, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Marcia Quezada, instó al Estado de Chile a tomar medidas urgentes en relación a la construcción de un recinto penitenciario para Atacama.
“Se ha monitoreado de manera sucesiva y en conjunto con otras instituciones las condiciones, como la Fiscalía Judicial y el Poder Judicial, en las que viven cerca de 400 personas privadas de libertad en el recinto penal de Copiapó. A eso hay que sumar los distintos estudios de condiciones carcelarias que ha levantado el propio Instituto y que revelan no solamente la antigüedad de los recintos, sino que también las serias condiciones de hacinamiento y sobrepoblación”, aseguró.
