El diputado independiente Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, se encuentra bajo una grave investigación penal luego de ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La denuncia se centra en el uso de facturas falsas y gastos inflados durante su campaña parlamentaria, lo que habría permitido desviar fondos del Congreso Nacional.

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De acuerdo con la querella, Lavín habría colaborado con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes. Una de las acciones más destacadas fue la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, según la investigación, está inactiva desde 2022, según informó ADN Chile.

“El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, afirmó el CDE en el documento presentado al Ministerio Público, donde también se solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) participe en la causa ante posibles delitos tributarios.

El CDE solicitó la prisión preventiva del parlamentario argumentando un riesgo de obstrucción a la investigación. Al mismo tiempo, la Fiscalía Oriente está considerando pedir su desafuero, una medida necesaria para formalizar los cargos en su contra debido a su condición de diputado en ejercicio.

Uno de los testimonios relevantes en este caso es el de Aída Olivares, secretaria de Lavín, quien declaró que el diputado continuó presentando facturas falsas incluso después de dejar de utilizar los servicios supuestamente contratados. Para el CDE, no hay dudas de que Lavín “instruyó y consintió” todas las operaciones, actuando con pleno conocimiento de su ilegalidad.