La presentación reciente del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ha generado preocupación debido a la ausencia de medidas concretas en accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Este proyecto, que implica una inversión estimada de 4.000 millones de dólares e incluye una tercera pista, un nuevo terminal de pasajeros y mejoras en accesos viales, ha sido cuestionado por organizaciones y parlamentarios.

La diputada Carla Morales (RN) ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que informe detalladamente sobre las medidas de accesibilidad que se incluirán en el proyecto. El documento requiere información sobre los criterios utilizados en el diseño, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la señalética inclusiva, la accesibilidad digital, la inclusión laboral y los protocolos de evacuación adaptados, entre otros aspectos.

“La inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura”, afirmó Morales.

Por otro lado, la parlamentaria Catalina del Real (Rep) enfatizó que “la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto. Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile”.

Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, advirtió que “no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley. Este mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, y también eliminar las brechas de acceso a la información, como la falta de comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, como también la información para las personas con discapacidad visual”.