La administración de Estados Unidos ha incrementado a 25 millones de dólares la recompensa por datos que permitan la detención o el juicio del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto forma parte de un nuevo conjunto de acciones que también incorpora sanciones dirigidas a funcionarios relacionados con entidades chavistas, mediante el cual Washington pretende enfatizar que el opositor Edmundo González es el “presidente electo”.

El enlace proporciona acceso a un artículo donde se informa sobre la primera intervención oficial de Nicolás Maduro como presidente. Durante esta ocasión, Maduro afirmó de manera contundente que "No pudieron con nosotros, ni podrán jamás", subrayando su creencia de que su gobierno sigue siendo fuerte y resistente frente a cualquier adversidad.

Según la perspectiva de Washington, está “claro” que González es “quien debería haber jurado hoy el cargo de presidente”, dado que hay “pruebas irrefutables” de su victoria en las elecciones del 28 de julio. “Desafortunadamente, Maduro ha demostrado nuevamente su total desprecio por las normas democráticas y ha procedido con una investidura ilegítima”, señalan fuentes de la Administración de Joe Biden.

En reacción a la situación, Estados Unidos ha incrementado de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información sobre Maduro. Esta cifra es la máxima que ofrecen en recompensas por datos relacionados con individuos acusados de narcotráfico en el país. Asimismo, se ha propuesto una cantidad igual por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien es una figura destacada del chavismo.

El gobierno de Estados Unidos también ha establecido una nueva recompensa para ayudar en la captura del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ofreciendo hasta 15 millones de dólares por su detención.

También, el gobierno de Biden busca extender sus limitaciones de desplazamiento para individuos relacionados con acciones represivas o con el proceso electoral. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado un reciente conjunto de sanciones económicas dirigidas a diversos funcionarios de alto nivel del Gobierno y compañías estatales como la empresa petrolera PDVSA y la aerolínea Conviasa.