Luego de que WOM Chile anunciara acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos,
el SERNAC solicitó información a la compañía respecto a su situación financiera y a su
reorganización propuesta bajo el Capítulo 11 del país norteamericano.
Tras tomar conocimiento de los hechos descritos anteriormente, la entidad
fiscalizadora dio un plazo de diez días hábiles administrativos a WOM, para que
entregue una serie de antecedentes, tales como:
● La eventual afectación que produzca este hecho a las personas consumidoras
que tienen servicios contratados con la empresa.
● La estrategia que garantice la continuidad de los servicios ofrecidos durante el
proceso de reestructuración.
● La forma de comunicación en que se informará de esta situación a las personas
consumidoras y los medios utilizados para ello.
● La existencia de otros procedimientos concursales de liquidación en nuestro
país.
Una vez analizados los antecedentes, y en caso de detectar alguna infracción a la Ley
del Consumidor, el SERNAC tomará las medidas que estime adecuadas para ir en
defensa de las personas afectadas.
Si WOM se niega a entregar la información requerida, podría ser sancionada con una
multa de hasta 400 UTM (casi $26 millones), conforme a los mecanismos de
protección que franquea la ley.
¿Qué implicancia tiene esta situación para las personas consumidoras?
Conforme a la situación descrita, no debieran producirse efectos perjudiciales para las
personas consumidoras de manera inmediata, ya que la empresa debiera estar en
condiciones de mantener la continuidad de sus operaciones y la prestación de sus
servicios.
Sobre ese punto, es importante destacar que, en caso que se detecte algún tipo de
incumplimiento contractual por parte de la empresa, ésta goza en Estados Unidos de
protección financiera que impediría tomar acciones legales, debiendo estas
conservarse para un momento posterior. Sin embargo, cuando se acabe el periodo de
protección y se dé comienzo a un estado de normalidad, se tendrá que tener a la
vista si finalmente deciden someterse directamente al Capítulo 7.

Dicho lo anterior, en Chile no existe protección financiera, por lo que, en caso que se
verifique algún incumplimiento de contratos u otro tipo de infracciones a la Ley del
Consumidor, será procedente la presentación de una acción colectiva en favor de las
personas consumidoras afectadas. Ello, siempre que se trate de contratos celebrados
en territorio nacional bajo la aplicación de la ley chilena.