12 millones de niñas forzadas a casarse antes de los 18 años

A pesar del progreso en derechos humanos durante el último siglo, el matrimonio infantil continúa siendo una realidad devastadora para millones de niñas en el mundo. Según un nuevo informe de la organización Save the Children, cada año aproximadamente 12 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años, y una de cada seis lo hace incluso antes de los 15. Esta práctica constituye una grave violación a sus derechos y una forma extrema de violencia de género.

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El fenómeno afecta principalmente a regiones como Asia (45% de los casos), África Occidental y Central (33%) y América Latina (23%). Estas cifras revelan un patrón que se sostiene en factores como la pobreza, la desigualdad estructural, la falta de acceso a la educación y normas culturales patriarcales profundamente arraigadas.

Además, el informe alerta sobre un preocupante retroceso en los avances logrados en las últimas décadas. Las crisis humanitarias, conflictos armados, migraciones forzadas y los efectos del cambio climático están generando un aumento de la pobreza extrema, lo que empuja a muchas familias a tomar decisiones desesperadas.

Durante las emergencias, muchas niñas son retiradas de la escuela y forzadas a casarse como una supuesta estrategia de supervivencia. Sin embargo, esto las condena a un ciclo de dependencia económica, embarazos precoces y violencia doméstica.

“Cada año millones de niñas son forzadas a casarse, forzadas a renunciar a su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a su bienestar y desarrollo físico y emocional. Forzadas a abandonar su infancia, forzadas a dejar de ser niñas”, señala el sitio web de la organización. “Se estima que entre 2020 y 2030 110 millones de niñas van a ser obligadas a casarse”, advierten desde Save the Children.

A raíz de esta problemática, Save the Children lanzó una urgente advertencia: si no se aceleran las medidas de prevención y protección, el matrimonio infantil podría mantenerse por al menos 300 años más. La organización exige voluntad política, inversión en programas de educación y protección infantil, y una transformación profunda de las normas sociales que perpetúan esta práctica.