El acto se desarrolló en el memorial dedicado a las víctimas de ejecuciones y
desapariciones forzadas en Atacama, ubicado en el frontis del Cementerio Municipal de
Copiapó, lugar donde se relevó el legado de las víctimas de la dictadura cívico militar, y se
colocaron claveles rojos para honrar y recordar su memoria.
En la jornada el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Illanes recordó la figura del
Presidente Salvador Allende, destacando la lucha de todas las personas que dieron sus
vidas defendiendo la democracia, señalando “la muerte, la desaparición, el exterminio de
compatriotas por pensar distinto y el abrupto término de la democracia a través de la
violencia, no pueden ser olvidados, porque conocer nuestro pasado nos permite mirar al
futuro. Hoy rendimos un sentido homenaje a quienes fueron ejecutados y detenidos
desaparecidos en nuestra región, y también a la Agrupación de Familiares y Amigos de
Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, quienes por décadas han
luchado incansablemente por encontrar a sus seres queridos y buscar justicia. El
compromiso de nuestro Presidente es seguir buscando la verdad hasta alcanzar la
justicia, y para ello se han realizado una serie de acciones que esperamos nos permitan
avanzar en este cometido. A 51 años del Golpe de Estado como Gobierno renovamos
nuestro compromiso: democracia y derechos humanos siempre”.
En tanto, el Presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos
Desaparecidos de Atacama, Mario Vargas, señaló “hoy se cumple un año más de las
ejecuciones y asesinatos de nuestros familiares. Agradecemos al delegado, y a todas las
autoridades que estuvieron presentes en este acto porque esta fecha para nosotros es tan
dolorosa. El inicio del 11 de septiembre, es el comienzo de una sistemática violación de
los derechos humanos en nuestro país, y particularmente aquí en Copiapó se detuvieron y
ejecutaron a 41 familiares, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, y de 17 de ellos aún no
sabemos dónde están sus cuerpos”.
A su vez, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay indicó “el
llamado es a no olvidar nuestra historia reciente para construir un futuro en democracia y
respetuoso de los derechos humanos en todo tiempo y lugar. Por ello, hay compromisos
en el programa de Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric, que toman forma a
propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, cuando se inicia la
implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que es una política pública permanente
para avanzar en estas materias, que ya registra importantes avances y que tiene como
objetivo principal reconstruir las trayectorias de vida de las víctimas de desaparición
forzada, avanzar en justicia y reparación, además de fortalecer nuestro sistema para
contar con garantías de no repetición, y que significa esto: precaver que nunca más en
Chile vuelvan a cometerse violaciones a los derechos humanos como ocurrió hace más
de cincuenta años en nuestro país”.

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Vale consignar que durante el acto oficial del Gobierno efectuado en La Moneda, el
Presidente Gabriel Boric anunció que se dará suma urgencia a la tramitación de un
proyecto de ley presentado en 2014 para excluir la aplicación de amnistía, indulto y
prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del
Estado, que implica la derogación de la Ley de Amnistía, cumpliendo así con las
recomendaciones realizadas para el Estado de Chile por el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y por dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en 2006 y del 2013, respectivamente.
Junto a ello, el Mandatario también recordó los avances que se han realizado durante su
administración, como es el compromiso realizado por el Estado en su conjunto con el Plan
Nacional de Búsqueda, Justicia y Verdad, que encabeza el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, pero también de compromisos, como la entrega de las carpetas de
los archivos de la Comisión de Verdad a familiares de las víctimas; la renovación del
Memorial de los Detenidos Desaparecidos y los Ejecutados Políticos del Cementerio
General, que se iniciará en 2025; además de la tramitación de un proyecto de ley para
tipificar el delito de desaparición forzada de personas y otro para dar acceso a los
archivos del Informe Valech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de
Búsqueda, Justicia y Verdad.