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¡Polideportivo en disputa! Persona asegura ser dueño del terreno donde se construye millonaria obra en Tierra Amarilla
Mientras autoridades celebraban la colocación de la primera piedra del nuevo Polideportivo, un vecino denunció que el terreno le pertenece y jamás fue notificado. La justicia ya tomó cartas en el asunto y el proyecto de $3.500 millones podría estar en riesgo.
Una verdadera bomba estalló en Tierra Amarilla luego de que un vecino presentara un recurso de protección alegando que el terreno donde actualmente se construye el nuevo Polideportivo comunal le pertenece. El proyecto —que contempla una inversión de más de $3.500 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)— fue lanzado hace pocas semanas con bombos y platillos por el alcalde Cristóbal Zúñiga, acompañado de la Seremi del Deporte y otras autoridades regionales.
Según la denuncia presentada ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, el lote denominado A-27 habría sido ocupado sin autorización por parte del municipio, sin que el propietario legítimo fuese informado, notificado ni expropiado conforme a derecho.
“El municipio ni siquiera me llamó. Me enteré por la prensa que en mi terreno construirían un polideportivo”, habría declarado el denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva.
El recinto —emplazado al costado de la Subcomisaría de Carabineros— contempla una superficie de 1.555 metros cuadrados, multicanchas, salas de musculación, camarines, graderías y oficinas. Incluso se había anunciado con orgullo como un “espacio moderno y sustentable” para toda la comunidad.
Pero ahora, el proyecto millonario enfrenta una crisis legal que podría frenar su ejecución o derivar en consecuencias aún mayores si se confirma la ocupación irregular del terreno.
Desde el municipio no han emitido declaraciones, mientras que en redes sociales ya se multiplican los cuestionamientos a la gestión de los recursos
Mientras autoridades celebraban la colocación de la primera piedra del nuevo Polideportivo, un vecino denunció que el terreno le pertenece y jamás fue notificado. La justicia ya tomó cartas en el asunto y el proyecto de $3.500 millones podría estar en riesgo.