El reciente despacho a ley del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública marca un hito histórico para Chile y ofrece una oportunidad única para abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo: la seguridad ciudadana. Este avance no es solo un triunfo legislativo tras 20 años de discusiones infructuosas, sino una señal inequívoca de que, cuando se priorizan los acuerdos por sobre las diferencias, es posible construir un Estado más fuerte, moderno y profesionalizado.
En la región de Atacama, este nuevo Ministerio representa una esperanza renovada frente a problemas de inseguridad que afectan tanto a nuestras comunidades urbanas como a las rurales. Con un Seremi de Seguridad Pública liderando las estrategias locales y equipos dedicados exclusivamente a esta labor, por fin contaremos con una institucionalidad capaz de diseñar e implementar medidas específicas para nuestra realidad regional.
Es crucial destacar que esta ley no solo se centra en la reacción ante delitos, sino que también integra la prevención como eje fundamental. En una región rica en recursos mineros y estratégicamente relevante para la economía del país, el fortalecimiento de la seguridad no solo protege a los ciudadanos, sino que también resguarda nuestras fuentes de empleo e impulsa la confianza en la inversión.
Por otro lado, el Delegado Presidencial Regional tendrá la capacidad de instruir acciones específicas al Seremi de Seguridad Pública frente a alteraciones del orden público. Esta coordinación efectiva promete ser un punto de inflexión en la respuesta ante emergencias y desastres, situaciones que Atacama ha enfrentado con frecuencia debido a su geografía. Sin embargo, no debemos caer en triunfalismos. La creación de esta nueva institucionalidad implica también el desafío de garantizar su operatividad eficiente. La asignación de recursos humanos y económicos adecuados será clave, así como la capacidad de integrar a Carabineros, PDI, Gendarmería y otras instituciones en una estrategia coherente y colaborativa.
En un país donde la seguridad ha sido motivo de polarización política, este avance debería servir como modelo para otros temas igualmente urgentes, como la reforma al sistema de pensiones o el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados. La ministra Carolina Tohá lo expresó con claridad: si logramos ponernos de acuerdo aquí, podemos hacerlo en otros desafíos estructurales.
En Atacama, esta ley debe traducirse en barrios más seguros, en espacios públicos libres de violencia y en comunidades que recuperen la tranquilidad perdida. Ahora más que nunca, es momento de trabajar unidos para transformar esta promesa legislativa en realidades tangibles para nuestra región.
La seguridad no es un fin en sí mismo, sino la base para construir una sociedad más justa, equitativa y digna. Con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, damos un paso en esa dirección. La tarea que nos queda es gigantesca, pero hoy, Atacama tiene razones para mirar al futuro con esperanza.