Esta propuesta, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, responde a un compromiso de proteger los recursos marinos y apoyar a los pescadores artesanales, quienes representan un pilar fundamental en la economía local y en la preservación de los ecosistemas.
Uno de los aspectos más relevantes para la región de Atacama es la redistribución de cuotas pesqueras, que garantiza una mayor participación para el sector artesanal, permitiendo que los pescadores locales accedan a una porción más justa de los recursos pesqueros. Esto es particularmente significativo para comunidades de pescadores artesanales que se dedican a la extracción de especies clave para la economía de la región, como el jurel y la anchoveta.
La ley también busca una mayor equidad en el sector, promoviendo mejores condiciones laborales y sociales para los pescadores y, en especial, para las mujeres que desempeñan un rol fundamental en la actividad pesquera de Atacama. Con el impulso hacia la pesca artesanal, el Gobierno espera mejorar las oportunidades de empleo y fomentar el desarrollo sostenible de las caletas y sus comunidades.
En este sentido, la seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Vargas Roberts, expresó: “Esta nueva Ley de Pesca, es una ley legítima, sin vicios políticos ni de intereses de unos pocos en su propuesta. Es un paso esencial para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los pescadores artesanales de nuestra región. Atacama podrá seguir avanzando hacia un desarrollo pesquero más justo y equilibrado, que no solo impulse la economía local, sino que también proteja nuestro mar y sus recursos para las futuras generaciones. Nuestro compromiso es claro: una pesca justa, sostenible y para todas y todos”.
La nueva normativa también refuerza la sostenibilidad ambiental, alineándose con prácticas responsables que buscan la protección de los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria a largo plazo.