​La reforma de pensiones en Chile sigue siendo uno de los temas más cruciales y debatidos en el Congreso, y no es para menos. La promesa de transformar un sistema que ha dejado a miles de chilenos con jubilaciones insuficientes ha sido un compromiso transversal de los últimos gobiernos. Sin embargo, el avance de esta reforma se ha convertido en un juego político de idas y vueltas, donde las promesas se diluyen en largas negociaciones y consensos que parecen eternos.
​Desde su propuesta inicial, la reforma ha puesto sobre la mesa puntos que, a todas luces, representan un avance. Entre ellos, la idea de mejorar las pensiones a través de un sistema mixto, el fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional, y la incorporación de un pilar de reparto que permita aumentar los montos que reciben los jubilados más vulnerables. Sin embargo, estos elementos han sido motivo de desacuerdo entre los distintos sectores, generando un estancamiento que solo posterga la solución para quienes hoy viven con pensiones que a veces no cubren sus necesidades básicas.
​Uno de los puntos más controversiales ha sido el rol de los fondos privados y cómo se concilian con una lógica solidaria y justa. Los debates en el Congreso han mostrado una polarización en la que, por un lado, se busca proteger la libertad de los afiliados a decidir sobre sus fondos, y, por el otro, se intenta avanzar hacia una mayor justicia social. Este dilema toca fibras sensibles, ya que se trata de definir si la jubilación debe ser un derecho garantizado o si continuará dependiendo de los vaivenes del mercado.
​A medida que pasan los meses, la ansiedad crece en la ciudadanía, especialmente en la población más envejecida, que observa cómo el tiempo juega en su contra. Las jubilaciones no pueden esperar más. La urgencia de esta reforma está clara y, en muchos sentidos, su estancamiento es inaceptable. Es hora de que nuestros representantes en el Congreso prioricen el bienestar de la ciudadanía por sobre los intereses sectoriales o partidistas. La historia no será indulgente con quienes hayan puesto trabas a un avance que podría mejorar la vida de millones de chilenos.
​No se trata solo de política, sino de dignidad. Cada día que esta reforma queda en pausa, es un día más en que las personas mayores siguen viviendo en condiciones indignas. ¿A qué se le teme? ¿A quién beneficia realmente este prolongado debate? Es tiempo de que el Congreso avance con valentía y responsabilidad, sin perder de vista el impacto humano de sus decisiones.
​En última instancia, esta reforma representa una oportunidad única de construir un sistema de pensiones que responda a las necesidades del Chile actual y futuro. Si el Congreso no logra un acuerdo pronto, el costo no solo será político, sino profundamente social y humano.​